El registro estatal sigue sin mostrar la dimensión real de los feminicidios en Cuba

En julio de 2024, en sesión del Consejo de Ministros, se aprobó el Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de hechos de violencia de género, enfocándose especialmente en el ámbito familiar. Esta medida, alineada con el Programa para el Adelanto de las Mujeres, fue presentada por la Fiscal General de la República, Yamila Peña Ojeda.

La Fiscal detalló que el sistema fue desarrollado en colaboración con el Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo Popular, para lo que se conformó un grupo de 25 expertos con el objetivo de crear un registro administrativo informatizado e interoperable, que utilizará las plataformas de estas instituciones para gestionar los procesos penales relacionados con la “violencia de género”.

En la nota publicada por el periódico Granma, no se aclara si ese registro será público, solo se menciona que se tratará de un ‶registro administrativo″ para la gestión de los procesos penales. 

Un registro sin acceso público

En abril de 2025 las dudas se aclararon y confirmaron lo que OGAT avizoraba, el registro no sería público. 

“En estos momentos, un equipo multidisciplinario de expertos de la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Interior, el Tribunal Supremo Popular y la Universidad de las Ciencias Informáticas desarrolla un Registro Administrativo, informatizado e interoperable, que no tiene carácter público, sobre la muerte violenta de mujeres y niñas por razones de género”, se puede leer en el texto firmado por dos fiscales cubanas y publicado en el Granma.

La transparencia y el acceso a las estadísticas de la violencia hacia las mujeres y las niñas es una de las demandas exigidas desde hace varios años por OGAT, organización independiente que realiza desde el 2019 un subregistro de feminicidios en Cuba, bajo la criminalización del régimen. 

La creación de este sistema responde a las denuncias realizadas por estas y otras organizaciones de la sociedad civil al régimen cubano. A la falta de transparencia y a la opacidad de los pocos datos oficiales que se han dado a conocer, se suma el hecho de que nunca se ha explicitado la metodología utilizada en el registro y análisis de esos datos.

¿Qué dicen los datos oficiales más recientes? 

Los datos oficiales muestran que en 2025 fueron registradas “49 mujeres de 15 años o más asesinadas por razones de género en procesos judiciales juzgados ese año”, frente a 76 en 2024 y 60 en 2023. 

En 2025, el 89,7 % de los hechos ocurrió en el hogar y el 46,9 % de las víctimas murió a manos de su expareja. 

Aunque hubo más casos urbanos (33) que rurales (16), la tasa rural fue superior a la nacional: 1,65 frente a 1,19 por cada 100.000 mujeres. 

El registro también señala que 54 menores quedaron sin amparo materno. Todas estas cifras, sin embargo, no representan necesariamente los feminicidios ocurridos en 2025, porque corresponden a víctimas cuyos casos fueron conocidos en procesos judiciales juzgados durante ese año.

En un país donde se ha negado sistemáticamente la violencia feminicida, no se tipifica el feminicidio en el Código Penal, no se crean medidas de prevención eficaces, no se tiene en cuenta a la sociedad civil y no se acaba de implementar una Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, este sistema, lógicamente resulta insuficiente.

La existencia de un registro administrativo no garantiza por sí misma una respuesta efectiva frente a la violencia feminicida. Para que las estadísticas permitan dimensionar el problema y orientar políticas de prevención y protección, es necesario que existan criterios claros de registro, transparencia sobre la metodología y mecanismos que permitan evaluar los resultados. Mientras la información permanezca limitada al ámbito institucional y no exista un sistema público, verificable y accesible, persistirá una brecha entre lo que el Estado registra y lo que la sociedad puede conocer sobre la violencia feminicida en Cuba.