Informe semestral de monitoreo de feminicidios y otras violencias hacia las mujeres en Cuba

Introducción 

La violencia ejercida contra mujeres y niñas constituye una de las violaciones de derechos humanos más extendidas a nivel mundial. Comprende actos violentos generalizados y arraigados culturalmente, vinculados a desigualdades históricas y a la discriminación estructural. Su expresión más extrema es el feminicidio, entendido por ONU Mujeres como el “asesinato intencional de una mujer por el hecho de serlo”. En Cuba, este fenómeno se manifiesta con patrones persistentes, entre ellos el predominio de agresores que son parejas o exparejas, lo que confirma la centralidad del ámbito doméstico y afectivo como espacio de mayor riesgo para las mujeres.

Pese a la gravedad del problema, el Estado cubano no cuenta con un sistema público, transparente y desagregado de registro y seguimiento, ni sostiene políticas integrales de prevención y protección; la respuesta institucional tiende a minimizar, fragmentar o manejar la información sin rendición de cuentas. En paralelo, el trabajo de organizaciones y activistas independientes que documentan violencias, acompañan a familias o denuncian fallas de protección se realiza bajo un entorno restrictivo, donde la vigilancia, el hostigamiento y las campañas de descrédito operan como mecanismos de criminalización de la sociedad civil. En este contexto, la documentación se vuelve no solo una tarea técnica, sino un ejercicio cívico esencial para evitar la impunidad y garantizar el derecho de las víctimas y sus familias a la verdad.

Ante ese vacío institucional, y gracias a un trabajo sostenido desde 2019 que se apoya en medios de prensa, fuentes comunitarias, denuncias familiares verificadas, y una red de observadoras a nivel nacional, Cuba cuenta hoy con un registro riguroso de feminicidios y otras violencias hacia mujeres y niñas, elaborado por los observatorios independientes de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC). 

Este monitoreo continuo ha permitido registrar, desde 2019 hasta el 30 de septiembre de 2025, 303 feminicidios —16 en 2019, 33 en 2020, 36 en 2021 y en 2022, 90 en 2023, 56 en 2024 y 36 en 2025—, además de otras formas extremas de violencia de género, e identificar tendencias que no son reconocidas ni publicadas por el Estado cubano. 

Este informe se inscribe en esa labor sostenida y busca aportar evidencia verificable para exigir políticas integrales de prevención, protección, reparación y acceso a la justicia. En el período que cubre este informe (1 de enero–30 de septiembre de 2025), OGAT y YSTCC documentaron 36 feminicidios y 25 desapariciones de mujeres y niñas, en un contexto institucional marcado por el ocultamiento de datos, la negación, la desinformación, el populismo punitivo y la falta de voluntad política para enfrentar esta lacra. Estos hallazgos dimensionan la urgencia de respuestas estatales efectivas y la necesidad de garantías para el trabajo de la sociedad civil, así como de fortalecer redes comunitarias de búsqueda y acompañamiento.

Contexto cubano en el primer semestre de 2025 

Crisis humanitaria, control estatal y violencia hacia las mujeres y niñas  

El primer semestre de 2025 transcurre en Cuba en medio de una crisis multidimensional que atraviesa prácticamente todas las esferas de la vida social: el colapso energético, el deterioro del sistema de salud, la precarización de la economía doméstica, el aumento sostenido de la migración y la sobrecarga del trabajo de cuidados, que continúa recayendo de manera desproporcionada sobre las mujeres. Este contexto de empobrecimiento estructural y desprotección institucional profundiza las condiciones de vulnerabilidad frente a las violencias, las desapariciones y la fragmentación de las redes familiares y comunitarias.

En este escenario, el incremento abrupto de las tarifas de acceso a Internet impuesto por ETECSA (conocido como el Tarifazo) operó como un factor adicional de tensión social. La medida amplió la brecha digital y restringió de forma significativa el acceso a la información, la educación y la comunicación, derechos reconocidos por los estándares internacionales. En un país donde Internet se ha convertido en una herramienta clave para la denuncia pública, la organización comunitaria y la activación de redes de apoyo frente a la violencia hacia las mujeres y las niñas, el encarecimiento del servicio tuvo un impacto diferenciado sobre sectores ya vulnerabilizados, en particular mujeres, jóvenes y estudiantes.

Las protestas estudiantiles y paros universitarios surgidos como respuesta al Tarifazo expresaron no sólo el rechazo a una medida económica puntual, sino un descontento acumulado frente a políticas estatales que profundizan la exclusión social y limitan el ejercicio de derechos fundamentales. La reacción institucional —marcada por la estigmatización pública, la vigilancia y el riesgo de represalias— volvió a evidenciar el patrón de criminalización del disenso y de la protesta pacífica. En este marco, el control estatal de las telecomunicaciones se consolida como un mecanismo estructural de disciplinamiento social que afecta de manera particular a mujeres y niñas y obstaculiza tanto la denuncia de las violencias como el trabajo de documentación independiente.

A este panorama se suma una amenaza directa contra la autonomía familiar, y los derechos parentales. Un artículo publicado en el mes de mayo en el Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, firmado por la fiscal de la Dirección de Protección de la Familia, Diana Rosa Simón Gutiérrez, advierte que rechazar el “trabajo educativo” del Sistema Nacional de Educación o incumplir los deberes vinculados al “respeto y amor a la Patria” puede constituir causa para la privación de la responsabilidad parental. Esta interpretación del Código de las Familias abre la puerta a la utilización punitiva del marco legal contra madres y padres que cuestionen el adoctrinamiento ideológico de sus hijos, incluso contra disidentes y opositores, reforzando un clima de miedo y autocensura en el ámbito familiar.

La noción estatal de “amor a la patria”, históricamente asociada a la adhesión incondicional al partido comunista, ha sido utilizada de forma sistemática para desacreditar, aislar y castigar a personas críticas, incluso cuando no se reconocen como opositoras políticas. 

¿Qué hacen las instituciones oficiales ante la violencia hacia las mujeres y las niñas? 

El 15 de julio, el Noticiero Nacional de Televisión (NTV) transmitió un reportaje sobre los debates parlamentarios en torno al Programa para el Adelanto de las Mujeres (PAM). En la cobertura, autoridades del Estado y del Partido —entre ellas la viceprimera ministra Inés María Chapman, la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Teresa Amarelle, varias diputadas y el presidente designado Miguel Díaz-Canel— presentaron como “avances” una serie de medidas cuya eficacia real no fue sometida a evaluación pública ni a contraste con indicadores verificables sobre la situación de las mujeres en Cuba.

En esa misma sesión, Teresa Amarelle celebró el reconocimiento del trabajo de cuidados como empleo. No obstante, su intervención omitió precisar si dicho reconocimiento implica remuneración efectiva, acceso garantizado a la seguridad social o políticas concretas de redistribución de las tareas de cuidado entre hombres y mujeres. La ausencia de estas definiciones impide valorar el alcance real de la medida y revela la persistencia de un enfoque declarativo, desvinculado de transformaciones estructurales.

Para quienes hemos documentado de manera sostenida las violencias estructurales, los retrocesos en derechos y la criminalización del activismo realizado por mujeres de forma independiente en Cuba, lo expuesto no constituyó un ejercicio de rendición de cuentas ni de revisión crítica de las políticas públicas. El discurso institucional reproduce un esquema donde se exaltan logros formales mientras se elude el análisis de las condiciones materiales, jurídicas y sociales que sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres. 

Este enfoque se articula, además, con una lógica punitivista presentada como principal herramienta de prevención. En agosto de 2025, el Tribunal Provincial de La Habana impuso una sanción de 25 años de privación de libertad a un hombre que atacó de forma violenta a su expareja dentro de su vivienda, en un hecho que puede considerarse un intento de feminicidio. La sentencia se basó en los delitos de robo con violencia e intimidación contra las personas, lesiones, amenazas y violación de domicilio, según informó el medio oficialista Canal Caribe el 16 de agosto.

El reporte oficial no calificó el hecho como intento de feminicidio, ni hizo pública la identidad de la víctima o del agresor, aunque sí lo hace sin el menor cuidado en el caso de opositores y activistas. Esta omisión refuerza un patrón institucional que prioriza el castigo penal sin nombrar la violencia hacia las mujeres y las niñas como fenómeno específico, ni acompañar las sanciones con políticas integrales de prevención, protección y reparación para las mujeres.

¿Qué dicen las cifras oficiales sobre los feminicidios? 

En paralelo, el régimen informó en este semestre, a través del Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género, algunos datos sobre feminicidios en Cuba. Según el Subsistema de Información Estadística Complementaria del Tribunal Supremo Popular (SIEC-TSP), se registraron 76 mujeres de 15 años o más asesinadas por razones de género, en casos que fueron juzgados durante el año 2024.

Es crucial destacar que estas cifras no corresponden necesariamente a los feminicidios ocurridos en 2024, sino a aquellos que fueron procesados judicialmente durante ese año. Esto implica un desfase temporal respecto a la fecha de los crímenes, lo que puede generar una subestimación del fenómeno en tiempo real.

Entre las mujeres asesinadas aparecen menores de edad (entre 15 y 18 años), jóvenes y adultas. 44 víctimas pertenecían al grupo etario de 20 a 44 años, y 17 tenían entre 45 y 59 años. Esta franja etaria refleja una vulnerabilidad estructural, especialmente al considerar que el 69,7% no tenía vínculo laboral al momento de su asesinato.

Dos víctimas presentaban alguna discapacidad física o intelectual. Además, se reportó un aumento en las víctimas afrodescendientes: 5 mujeres negras y 10 “mulatas” más que el año anterior, lo cual refuerza la urgencia de abordar la violencia hacia las mujeres y las niñas desde una perspectiva interseccional. Debemos subrayar que el término «mulata» que usa el observatorio oficial es muy cuestionable por el racismo implícito de esta palabra que oculta las raíces históricas de violencia hacia las mujeres negras en el contexto de la colonización.

Las zonas urbanas concentran más casos (44), pero la tasa en zonas rurales (3,27 por cada 100.000 mujeres) fue significativamente superior a la urbana (1,35). Las provincias con más asesinatos fueron La Habana (12 casos; tasa 1,49), Santiago de Cuba (9 casos; tasa 2,20) y Matanzas (8 casos; tasa 2,96), siendo esta última la de mayor tasa.

El 73,7% de los feminicidios ocurrieron en el hogar. De los 76 casos, 55 fueron cometidos por la pareja o ex-pareja, reflejando un patrón de violencia estructural dentro del ámbito doméstico. 

La información oficial refleja un aumento en la judicialización de feminicidios, pero no permite conocer con certeza el número real de casos ocurridos en el año. 

Puede leer el análisis completo de OGAT aquí. 

Marco legal insuficiente y vacío institucional 

El Código Penal cubano aprobado en 2022 (Ley No. 151/2022) incorpora referencias explícitas a la violencia de género y a la violencia familiar, pero no tipifica el feminicidio como delito autónomo, ni utiliza en ningún momento los términos femicidio o feminicidio en su articulado. 

Aunque la CEPAL incluye a Cuba entre los “20 países y territorios que han incorporado el femicidio o feminicidio en la legislación a través de modificaciones en el Código Penal o leyes específicas”, lo cierto es que, en el caso cubano, esta inclusión responde únicamente a la mención genérica de la violencia de género como circunstancia jurídica, y no a la creación de un tipo penal específico. 

El Código prevé sanciones accesorias en delitos vinculados a la violencia de género, como la “privación o suspensión de la responsabilidad parental, la remoción de la tutela o la revocación del apoyo para personas en situación de discapacidad” (artículo 43.1); la prohibición de acercamiento a las víctimas u otras personas allegadas (artículo 58.1 y 58.2); y la posibilidad de incrementar hasta en un tercio el límite máximo de la sanción en delitos cometidos como resultado de violencia de género o familiar (artículo 75.1), atendiendo a criterios como la reiteración, el daño causado o los antecedentes del agresor. 

Asimismo, el tribunal puede imponer obligaciones complementarias como tratamiento psicológico obligatorio (artículo 76.1). En el régimen de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, el Código contempla como atenuante “cometer el hecho como consecuencia de haber sido objeto, de manera continua y persistente, de violencia de género o de violencia familiar” (artículo 79.1). 

En conjunto, estas disposiciones evidencian que el enfoque del legislador se limita a un tratamiento accesorio de la violencia de género dentro del sistema penal, sin reconocer el feminicidio como la forma más extrema de esta violencia ni establecer un marco penal específico acorde con los estándares internacionales en la materia.

Tampoco existe en la isla: 

• una red pública de refugios o casas de acogida para mujeres y niñas en situación de riesgo,
• protocolos interinstitucionales claros, accesibles y conocidos para la protección de víctimas y su entorno,
• ni sistemas de datos oficiales desagregados, regulares y transparentes sobre feminicidios, tentativas de feminicidio, desapariciones y otras formas de violencia hacia las mujeres y las niñas. 

Frente a este vacío institucional, el registro independiente que realizan el Observatorio de Alas Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) —mediante monitoreo de medios, redes sociales, reportes ciudadanos y verificación comunitaria— se ha convertido en la principal herramienta disponible para dimensionar la violencia feminicida y otras violencias hacia las mujeres y las niñas en Cuba, y para documentar la desprotección estructural de mujeres y niñas.

Trabajo de OGAT en el primer semestre de 2025 

​​Durante el primer semestre del año, el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) sostuvo de manera continua su labor de monitoreo, documentación y denuncia de las violencias contra mujeres y niñas en Cuba, en coordinación con la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC). Como parte de este trabajo, ambas organizaciones documentaron hasta el 30 de septiembre un total de 36 feminicidios, reafirmando la persistencia de la violencia extrema contra las mujeres en un contexto de subregistro, opacidad institucional y ausencia de políticas públicas integrales de prevención y protección. Paralelamente, OGAT mantuvo la denuncia de desapariciones de mujeres y niñas, así como de la violencia política ejercida por el régimen cubano, y participó activamente en diversas iniciativas articuladas desde la sociedad civil independiente.

En enero de 2025, OGAT se sumó —junto a una veintena de organizaciones— a la “Acción colectiva por la liberación de las mujeres privadas de libertad por razones políticas en Cuba”, en el contexto de las excarcelaciones ocurridas a inicios de año tras negociaciones entre el Vaticano y el régimen cubano. Esta acción conjunta visibilizó las violencias específicas que enfrentan las presas políticas, incluidas la violencia vicaria, sexual y psicológica, exigió su liberación inmediata e incondicional y reclamó el reconocimiento pleno de sus derechos, subrayando el carácter pacífico de su participación cívica y política.

En junio, OGAT firmó la “Carta abierta de académicos, artistas e intelectuales en defensa de los estudiantes cubanos”, en respaldo al estudiantado frente al aumento de tarifas impuesto por el monopolio estatal de las telecomunicaciones, ETECSA. La carta alertó sobre el riesgo de incomunicación para amplios sectores de la población estudiantil, así como sobre posibles represalias y campañas de desinformación dirigidas contra quienes promovieron el paro universitario como forma de protesta cívica.

De manera complementaria, OGAT colaboró con la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana en la serie audiovisual Perfiles, dedicada a narrar historias de presas y presos políticos, contribuyendo a la construcción de memoria y a la visibilización de trayectorias de represión. 

Asimismo, en julio de 2025, OGAT presentó su quinto informe anual sobre las violencias contra mujeres y niñas en Cuba durante 2024. El informe identificó patrones persistentes de violencia, con especial énfasis en los feminicidios (dentro y fuera de Cuba) verificados. A pesar de la precariedad de recursos y la criminalización del activismo, este informe, con una metodología robustecida, busca aportar insumos rigurosos para la exigencia de medidas de prevención, protección y acceso a la justicia.

Metodología de monitoreo de OGAT y YSTCC

Desde 2019, el Observatorio de Alas Tensas (OGAT), en coordinación estrecha con el Observatorio de Feminicidios de la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC), sostiene un trabajo sistemático de registro, verificación y análisis de los feminicidios y otras violencias extremas contra mujeres y niñas en Cuba. Esta labor surge como respuesta directa a la ausencia de datos oficiales sistemáticos, transparentes y con enfoque de género, y a la opacidad del Estado cubano en todo lo relativo a la violencia de género.

El trabajo de ambos observatorios se despliega en un contexto altamente restrictivo: activismo feminista y de derechos humanos criminalizado, acceso limitado a fuentes institucionales, falta de protocolos públicos de registro y ausencia de una tipificación legal autónoma del feminicidio en la normativa nacional. Este entorno no solo propicia el subregistro, sino que también dificulta el monitoreo ciudadano e impide la construcción de políticas públicas eficaces de prevención y protección. 

Enfoque conceptual y terminología

OGAT parte de la idea de que femicidio y feminicidio pueden considerarse términos equivalentes en cuanto señalan el asesinato de mujeres por razones de género. Sin embargo, OGAT opta deliberadamente por utilizar de forma preferente el término “feminicidio”, siguiendo el enfoque desarrollado por la investigadora mexicana Marcela Lagarde, que subraya la responsabilidad del Estado cuando no previene, no investiga con la debida diligencia ni sanciona adecuadamente estos crímenes. Es decir, cuando el Estado, por acción u omisión, termina garantizando —y normalizando— la impunidad frente a la violencia contra las mujeres y las niñas.

Mientras que las autoridades cubanas utilizan mayoritariamente el término “femicidio”, desanclándolo de la dimensión política e institucional, OGAT insiste en “feminicidio” para evidenciar que no se trata sólo de crímenes individuales, sino de una manifestación extrema de una estructura de poder patriarcal y de un Estado que no responde de manera adecuada a su deber de protección.

Tipología utilizada para clasificar los feminicidios

OGAT y YSTCC adaptan al contexto cubano la metodología de clasificación de feminicidios anunciada por el Ministerio de Igualdad de España (2021) y adoptada en 2022, considerada una de las más completas a escala internacional. A partir de esta referencia, ambos observatorios utilizan las siguientes categorías:

• Feminicidio de pareja o expareja: asesinato de una mujer por parte de su pareja o expareja (matrimonio, unión de hecho, relación afectiva), independientemente de la cohabitación.
• Feminicidio familiar: asesinato de una mujer por un hombre de su entorno familiar (padre, hermano, tío, yerno u otros parientes masculinos).
• Feminicidio sexual: asesinato de una mujer en un contexto de violencia sexual, sin relación de pareja ni parentesco con el agresor. Incluye casos vinculados con explotación sexual, trata de personas, prostitución forzada, mutilación genital femenina o matrimonios forzados.
• Feminicidio social: asesinato de una mujer por un hombre con el que no mantiene vínculo íntimo ni familiar, como un desconocido, vecino, compañero de trabajo, empleador, conocido circunstancial, etc.
• Feminicidio vicario: asesinato de mujeres u otras personas (frecuentemente hijas e hijos menores) con el objetivo de causar daño a una mujer concreta. Se subdivide en feminicidio vicario en el marco de la pareja o expareja y feminicidio vicario fuera de este ámbito.
• Transfeminicidio: asesinato de mujeres trans en contextos donde, además de la transfobia, se identifican componentes de misoginia. OGAT documenta los casos de transfeminicidio independientemente de si el cambio registral de género ha sido formalizado o no, para asegurar que las mujeres trans víctimas de violencia extrema sean reconocidas dentro del registro de feminicidios.
• Feminicidio ginecobstétrico: muerte de una mujer asociada a negligencia, maltrato o violencia institucional en la atención al embarazo, parto o posparto, incluyendo muertes por abortos inseguros, partos sin condiciones adecuadas y complicaciones evitables en contextos de atención deficiente. Esta categoría permite visibilizar la intersección entre violencia de género y sistema sanitario.
• Suicidio feminicida: Este término alude a los suicidios de mujeres que se producen como resultado directo de la violencia de género sufrida, ya sea por agresiones físicas, sexuales, psicológicas o por la acumulación de maltrato a lo largo del tiempo.

Puedes leer la metodología completa aquí

Monitoreo y visibilización de desapariciones de mujeres y niñas

Empezamos a sistematizar las desapariciones desde 2023, cuando identificamos la relación entre algunos feminicidios y reportes previos de desaparición, así como las brechas institucionales en la búsqueda y el acompañamiento a las familias. Ante la ausencia en Cuba de protocolos claros con enfoque de derechos humanos y de las mujeres, OGAT profundizó este trabajo en articulación con YSTCC, Me Too Cuba y una red de voluntarias.

Como parte de ese esfuerzo, el Observatorio participa en la circulación de alertas ciudadanas impulsadas por la sociedad civil independiente: #AlertaYeniset, enfocada en desapariciones de mujeres, y #AlertaMayde, centrada en niñas y niños. Estas alertas solo se activan con confirmación directa de familiares o personas cercanas y tras un protocolo interno de contraste para evitar la difusión de información no verificada.

Cada activación genera una ficha pública con datos mínimos de identificación y contacto, cuidando la seguridad de las familias. Estas iniciativas se inspiran en modelos internacionales como la Alerta Amber, adaptados a un contexto donde el Estado no ha implementado mecanismos equivalentes.

OGAT utiliza este monitoreo —que constituye un subregistro ante la falta de datos públicos, de cobertura oficial y de información sistemática sobre desapariciones en medios de prensa afines al régimen o instituciones estatales, en un contexto en el que el Estado no reconoce públicamente la magnitud del problema— para exigir la implementación de protocolos de búsqueda transparentes y eficaces, protección y registro, en consonancia con las recomendaciones de CEDAW, ONU Mujeres y otras instancias internacionales.

Desapariciones en Cuba: análisis del primer semestre de 2025

En el primer semestre de 2025, hasta el 30 de septiembre, se documentaron 25 desapariciones de mujeres y niñas el balance cuantitativo es el siguiente: 7 desapariciones fueron de menores de 18 años. La provincia con mayor incidencia fue La Habana, con 17 casos (es decir, 68% del total), mientras que los 8 casos restantes se distribuyen fuera de la capital. 

16 personas han sido localizadas con vida, y permanecen activas 4 alertas por desaparición. 

En cuanto al perfil de las personas desaparecidas, se repite de forma significativa (9 casos) la mención explícita de condiciones de salud mental o deterioro cognitivo —esquizofrenia, esquizofrenia paranoide, demencia, pérdida de memoria, depresión, entre otros—, especialmente entre adultas mayores (5 casos), lo que incrementa los escenarios de desprotección y riesgo. 

Al menos en un caso se documenta una desaparición asociada a violencia extrema, incluyendo secuestro, violación y agresión física, lo que introduce una tipología distinta vinculada a violencia de género. 

Entre las alertas activas, destaca el caso de Doraiky Águila Vázquez, no solo por su prolongación en el tiempo (+ de 9 meses), sino por ser el único en el que un medio oficial difundió la alerta, hecho vinculado a la búsqueda pública y sostenida de su madre. 

Doraiky, de 48 años, está desaparecida desde el 15 de marzo de 2025 en Lawton, La Habana, y su madre, Maura Vázquez, no ha cesado de salir a la calle con un cartel colgado al cuello con el rostro de su hija, buscando información y exigiendo respuestas. 

A los cuatro meses de búsqueda y a petición de Maura, el medio oficial Canal Educativo informó sobre la desaparición en su perfil de Facebook, una acción descrita como inusual ante la cantidad de denuncias de desaparición en Cuba. 

Hacemos un aparte sobre la relación entre feminicidios y desapariciones en Cuba. Según ONU Mujeres, la desaparición de mujeres suele entrecruzarse con otras formas de violencia, entre ellas la violencia sexual, la trata de mujeres y niñas y los feminicidios, por lo que este tipo de alertas debe leerse también como un indicador de riesgo extremo. 

En ese marco, desde el inicio de su monitoreo, OGAT y YSTCC han documentado varios casos en los que una desaparición derivó en un feminicidio: en 2023, se registraron 8 feminicidios vinculados a desapariciones, y en 2024, 4. 

En 2025, OGAT y YSTCC documentaron 5 casos de mujeres reportadas como desaparecidas que posteriormente fueron halladas muertas; en dos de ellos, aún no ha sido posible confirmar si se trató de feminicidios. El tercer caso, correspondiente a Dayli Acosta Oceguera (24 años), fue clasificado como feminicidio social: estuvo desaparecida entre el 22 y el 26 de septiembre, hasta que su cuerpo fue encontrado en el Parque Lenin, en La Habana. 

El otro caso, clasificado como feminicidio de pareja, fue el de Roxana Donatien Celian (21 años), asesinada el 2 de julio de 2025 en Bella Vista, Juruquey (Camagüey) por su pareja, Rogelio Guerra Rojas (37), a quien había denunciado previamente en la policía por violencia machista. Según su familia, el agresor intentó encubrir el crimen ocultando el cuerpo y enviando mensajes desde el teléfono de la víctima para simular una fuga, y tras ser detenido terminó revelando el lugar donde lo había escondido.

Y el último caso fue el de Bárbara Elena Tejeiro Magdaleno, de 58 años, reportada como desaparecida el 11 de agosto en el barrio periurbano Las Cañas, del municipio Boyeros, en La Habana. Su cuerpo fue encontrado el 14 de agosto en un descampado. Elena murió a manos de su pareja, quien luego se quitó la vida. Se verificó que existía violɘncia previa en la relación.

Alertas activas

3) Noguella Lezcano de 80 años, está desaparecida desde el 14 de agosto de 2025 en San Miguel del Padrón, La Habana. Según la familia, sufre de epilepsia; se han colocado carteles en hospitales, parques y otros espacios públicos para ampliar su localización. Contactos: Lisandra: 58171805 | Bebé: 53149024 | Liset: 55381553.

4) Alicia María Montes de Oca Pérez conocida como “La China”, de 45 años, está desaparecida desde el 24 de agosto de 2025 en la provincia de Guantánamo. De acuerdo con la información recibida por OGAT, padece depresión (con referencia a que habría interrumpido tratamiento hace más de un año) y la última vez que fue vista vestía saya blanca y blusa rosada. Contacto: +53 53399869.

5) Doraiky Águila Vázquez de 48 años, está desaparecida desde el 15 de marzo de 2025 en Lawton, La Habana. Padece pérdida de memoria transitoria y toma clonazepam como parte de su tratamiento. Fue vista por última vez con vestido largo amarillo. mide 1,68 m, tiene cabello canoso y tez trigueña. Contactos: 50255751 | 54236523 | 54011152.

Análisis de datos: monitoreo de feminicidios en el primer semestre de 2025

Relación entre víctima y victimario

En los 36 casos documentados durante el semestre, con cierre al 30 de septiembre de 2025, la relación entre la víctima y el agresor se registró de la siguiente forma:

• Pareja: 16 casos
• Expareja: 13 casos
• Familiar directo: 1
• Dato desconocido: 1
• Conocido: 4
• No se conocían: 1

Este patrón es consistente con la dinámica típica de la violencia feminicida: el principal riesgo se concentra en el entorno íntimo o de control relacional, donde suelen existir antecedentes de coerción, dependencia y exposición sostenida.

El predominio de feminicidios cometidos por parejas y exparejas (29 de 36 casos) confirma que la violencia feminicida en Cuba se inscribe, mayoritariamente, en relaciones de poder desiguales, marcadas por el control y antecedentes de violencia. Este dato evidencia que el feminicidio no constituye un fenómeno imprevisible, sino el desenlace extremo de violencias previas que no fueron oportunamente prevenidas ni interrumpidas. En este contexto, resulta relevante la ausencia de refugios para mujeres víctimas de violencia, la ausencia de redes de apoyo institucionales y la criminalización del espacio cívico, factores que limitan tanto la protección efectiva de las víctimas como la capacidad de la sociedad cubana para organizarse y brindar acompañamiento. 

Feminicidios por Mes

Si se analiza el balance mensual de feminicidios, agosto concentra la mayor cantidad de casos (9), seguido por julio (6). Cabe destacar que en todos los meses analizados se verificó al menos un feminicidio.

El hecho de que agosto concentre el mayor número de feminicidios, no puede atribuirse a una causa única, pero el patrón mensual sugiere una convergencia de factores estructurales ya presentes durante el año. Agosto coincide con un período de mayor convivencia forzada, derivada del receso escolar, interrupciones laborales y aumento del tiempo en el hogar, un contexto que históricamente incrementa la exposición de las mujeres a agresores cuando existe violencia previa. Dado que más del 80% de los casos del período fueron cometidos por parejas o exparejas, el aumento mensual refuerza la relación entre feminicidio y violencia sostenida en el ámbito íntimo, más que hechos aislados.

Además, agosto se sitúa después de varios meses de acumulación de tensiones —económicas, energéticas y sociales. 

Feminicidios por provincia 

Se documentaron feminicidios en 13 de las 15 provincias del país. La mayor incidencia se concentra en Holguín y La Habana, que encabezan el registro con 6 casos cada una, seguidas por Camagüey (5) y Granma (4). Esta distribución muestra que la violencia feminicida no es un fenómeno aislado, sino que atraviesa tanto provincias orientales como occidentales y territorios con realidades socioeconómicas diversas.

El peso acumulado en provincias del oriente del país (Holguín (6), Granma (4), Santiago de Cuba (2) y Las Tunas (1) refuerza la lectura de mayor desprotección estructural en estos territorios. 

Que no se hayan registrado casos en Mayabeque, Guantánamo ni en el municipio especial Isla de la Juventud no significa que afirmemos que no se haya producido ningún feminicidio, sino que, de acuerdo con nuestras fuentes —que incluyen redes de observadoras, medios de prensa independientes y fuentes comunitarias—, no se documentó ningún incidente. Debe tenerse en cuenta, además, que no existen registros públicos en tiempo real que permitan contrastar información y que los medios oficiales no cubren estos casos.

Víctimas con personas dependientes 

Durante el período analizado, 21 víctimas de feminicidio tenían personas dependientes a su cargo, lo que confirma que una proporción significativa de estos crímenes no solo termina con la vida de las mujeres, sino que desestructura de forma inmediata núcleos familiares completos. En total, se identifican 37 personas dependientes, específicamente menores de edad, que quedaron sin cuidados directos tras los feminicidios registrados en estos nueve meses.

En este contexto, el Decreto-Ley 86/2024, que crea la Caja de Resarcimientos del Ministerio de Justicia, se presenta como el principal mecanismo estatal para la reparación económica de víctimas indirectas, incluidas las pensiones alimentarias para menores de edad. Sin embargo, expertas advierten vacíos críticos: no existe una fecha clara para su implementación a nivel municipal, persiste la dependencia del pago por parte de agresores —muchos de los cuales se suicidan o son insolventes— y el carácter “excepcional” del resarcimiento estatal genera incertidumbre. Además, el enfoque se limita a lo económico y deja sin resolver el acompañamiento psicológico, la rehabilitación y las garantías de no repetición. La pregunta central sigue abierta: ¿cómo se protegerá de forma efectiva a los niños y niñas que quedan huérfanos tras un feminicidio?

Los datos del semestre que aportamos refleja una afectación directa sobre la infancia, que queda expuesta a procesos abruptos de duelo, desprotección económica y reubicación forzada en contextos donde no existen políticas públicas de acompañamiento.

Este patrón evidencia que el feminicidio en Cuba tiene un impacto intergeneracional, multiplicando el daño más allá de la víctima directa. La inexistencia de mecanismos estatales de protección, seguimiento psicosocial y garantías materiales para estos niños y niñas profundiza la vulnerabilidad resultante, consolidando un escenario de orfandad invisibilizada que permanece fuera de cualquier respuesta institucional sistemática.

Edades de las víctimas 

La distribución por rangos de edad de las 36 víctimas de feminicidio verificadas en el primer semestre de 2025 es el siguiente:

• 15–30 años: 10 casos → 27,78 %
• 31–45 años: 8 casos → 22,22 %
• 46–60 años: 10 casos → 27,78 %
• Más de 60 años: 3 casos → 8,33 %
• Menores de 15 años: 1 caso → 2,78 %
• Edad no determinada: 4 casos → 11,11 %

Los datos muestran que la violencia feminicida impacta de manera especialmente intensa a mujeres en edades productivas y reproductivas. Esta distribución evidencia que el riesgo no se limita a un solo tramo etario, sino que atraviesa distintas etapas del ciclo vital femenino. La presencia de una menor de 15 años asesinada confirma que la violencia feminicida también alcanza a niñas y adolescentes. 

Por su parte, los 4 casos en los que no fue posible determinar la edad reflejan límites persistentes en el acceso a información pública y en la transparencia institucional, lo que dificulta una caracterización completa del fenómeno y refuerza la necesidad de registros oficiales desagregados y accesibles. 

Modalidad del crimen 

La distribución de las modalidades evidencia un predominio abrumador del uso de armas blancas, presente en más de la mitad de los feminicidios documentados (58,3 %), lo que apunta a una violencia ejercida en contextos de proximidad, con contacto físico directo y alto nivel de brutalidad. Las distintas formas de asfixia (estrangulamiento, ahogamiento y ahorcamiento), que en conjunto suman 8 casos, refuerzan este patrón de violencia corporal extrema. El degollamiento o decapitamiento, registrado en 5 casos, confirma niveles particularmente severos de ensañamiento. En contraste, el uso de armas de fuego aparece de forma marginal (2 casos), lo que distingue el patrón cubano de otros contextos donde este medio es predominante. Esta tipología permite identificar no solo los medios utilizados, sino también las dinámicas de control, dominación y cercanía que caracterizan la violencia feminicida en el país. 

• Arma blanca: 21 casos
• Asfixia / estrangulamiento: 5 casos
• Degollamiento o decapitamiento: 5 casos
• Arma de fuego: 2 casos
• Asfixia / ahogamiento: 2 casos
• Asfixia / ahorcamiento: 1 caso

Conclusiones 

1. La violencia feminicida documentada en Cuba en el primer semestre de 2025 se inscribe en un contexto de crisis multidimensional que agrava la vulnerabilidad de mujeres y niñas: colapso económico, deterioro de los servicios de salud y asistencia social, crisis habitacional, aumento de la pobreza, éxodo migratorio y represión política. En ese escenario, la incorporación sistemática del monitoreo de desapariciones confirma la existencia de zonas de riesgo extremo, caracterizadas por la ausencia de protocolos públicos de búsqueda inmediata, la falta de registros accesibles y la demora institucional. 
2. Entre enero y septiembre de 2025, se documentaron 25 desapariciones de mujeres, niñas y niños; de ese total, 16 personas fueron localizadas con vida, 4 casos permanecen como alertas activas y 5 corresponden a mujeres que aparecieron muertas. Este panorama desplaza la carga de la búsqueda hacia familias y comunidades, mientras se mantiene un clima de coerción social: hay un centenar de presas políticas tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021, otras protestas pacíficas o por el simple hecho de sostener activismo cívico no violento.
3. Por otro lado, los observatorios OGAT y YSTCC verificaron 36 feminicidios en el semestre, 2 menos que en el mismo período del año anterior. No obstante, existen 3 casos que requieren acceso a información de la investigación policial —algo inaccesible para los observatorios independientes salvo que las familias compartan actualizaciones—: Hilda Puig Peña, Nieves Rosa Castrillo Núñez y Fredesvinda Zaida Pérez Poey. De manera paralela, se encuentran en investigación 3 alertas de posible feminicidio: 1 en Santiago de Cuba, 1 en Villa Clara y 1 en Mayabeque.
4. Estos datos, levemente inferiores a los del año previo, no deben interpretarse como una reducción real de la violencia, sino como una variación condicionada por el subregistro estructural, la opacidad institucional y las restricciones para denunciar y verificar de manera independiente.
5. Destacar que se documentaron feminicidios en 13 de las 15 provincias del país, con mayor incidencia en Holguín y La Habana (6 casos cada una), seguidas por Camagüey (5) y Granma (4). Esta distribución confirma que la violencia feminicida es un fenómeno extendido a nivel nacional, presente en territorios con realidades sociales y económicas diversas.
6. Del total de víctimas, 21 tenían personas dependientes a su cargo. En conjunto, se identificaron 37 menores de edad que quedaron sin cuidados directos tras los feminicidios, lo que evidencia el impacto profundo y duradero de estos crímenes sobre los núcleos familiares.
7. En cuanto a la distribución temporal, agosto concentró 9 feminicidios, lo que representa el 25 % del total de casos documentados (36), seguido por julio con 6 casos. En todos los meses del período se verificó al menos un feminicidio, lo que refleja una violencia sostenida y constante.
8. Respecto a la relación entre víctima y agresor, el 44,4 % de los feminicidios (16 casos) fueron perpetrados por la pareja y el 36,1 % (13 casos) por la expareja, confirmando que más del 80 % de los crímenes ocurrieron en el entorno íntimo o de control relacional. En menor medida, se registraron casos cometidos por personas conocidas (4), un familiar directo (1), una persona sin vínculo previo (1) y un caso con dato desconocido.
9. Finalmente, las modalidades de los crímenes muestran un predominio del uso de armas blancas, presente en el 58,3 % de los casos, así como diversas formas de asfixia, que suman 8 feminicidios. Ambos elementos apuntan a contextos de proximidad, contacto físico directo y altos niveles de violencia corporal extrema.
10. Ante este escenario la negativa del régimen a impulsar una Ley Integral contra la violencia de género, la falta de tipificación del feminicidio en el Código Penal, la ausencia de campañas masivas de sensibilización, la inexistencia de refugios para víctimas y sus hijos, y la falta de mecanismos efectivos de protección y acompañamiento sostienen un escenario de impunidad estructural, en el que el monitoreo independiente continúa siendo clave para documentar, alertar y construir memoria pública.

Recomendaciones

Para las instituciones gubernamentales cubanas

• Aprobar e implementar una Ley Integral contra la Violencia de Género, que tipifique el feminicidio como delito autónomo, incorpore sus agravantes específicos y establezca obligaciones claras de prevención, protección, investigación, sanción y reparación, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

• Incorporar de manera transversal un enfoque interseccional en la legislación y en todas las políticas públicas relacionadas, reconociendo las violencias agravadas por razones de raza, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, condición migratoria, situación socioeconómica y territorialidad rural o urbana.

• Establecer una red nacional de refugios seguros y accesibles, con cobertura territorial suficiente, que garantice alojamiento inmediato y atención integral (legal, psicológica, médica y social) a mujeres en situación de riesgo, especialmente en provincias y municipios con alta incidencia de violencia feminicida.

• Crear protocolos públicos, obligatorios y verificables de atención y búsqueda inmediata para desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes, con plazos definidos, activación automática de alertas y coordinación interinstitucional, evitando la revictimización de las familias.

• Garantizar la transparencia, periodicidad y acceso público a los datos oficiales sobre feminicidios, intentos de feminicidio, desapariciones y otras violencias de género, con desagregación por edad, raza, territorio, vínculo con el agresor y contexto del crimen, así como la publicación clara de la metodología utilizada.

• Implementar programas de formación continua y obligatoria en perspectiva de género y derechos humanos dirigidos a fuerzas policiales, operadores de justicia, personal de salud, educación y trabajo social, con énfasis en prevención, detección temprana y atención a víctimas.

• Garantizar el respeto a las libertades civiles y políticas, incluida la liberación inmediata e incondicional de personas presas por motivos políticos, cuya criminalización debilita los mecanismos sociales de denuncia y prevención de la violencia de género.