¿Qué es la Ley Malena y por qué es clave para las mujeres víctimas de ataques con ácido?

La violencia hacia las mujeres es una problemática constante en América Latina, expresándose de múltiples formas que impactan de manera significativa sus vidas. Uno de los tipos de violencia más atroces son los ataques con ácido y otras sustancias químicas, que no solo aspiran a deshumanizar físicamente a las víctimas, sino también a destruir su identidad y autoestima. Como respuesta a esta circunstancia, se presenta en México la “Ley Malena”, una normativa cuyo propósito es sancionar de forma más rigurosa estos actos y proporcionar una mayor protección a las mujeres.

¿Cuál es el origen del nombre “Ley Malena”?

El nombre “Ley Malena” se inspiró en María Elena Ríos, una saxofonista de Oaxaca que sufrió un brutal ataque con ácido en 2019 por su expareja. Este acto de violencia impactó su vida personal y desencadenó un movimiento social para legislar contra estos tipos de agresiones. En los últimos cinco años, Malena ha pasado de ser estudiante a activista, alzando su voz para exigir justicia y visibilizar los ataques con ácido como una forma extrema de violencia hacia las mujeres. Su caso reveló deficiencias legales, impulsando la creación de una ley que lleva su nombre y simboliza su lucha personal y el esfuerzo colectivo por erradicar esta violencia.

¿Qué es la Ley Malena y cuál es su objetivo principal?

La Ley Malena es una reforma legislativa en México que introduce el concepto de violencia ácida, abarcando no solo ataques con ácido, sino también aquellos realizados con otras sustancias químicas como cloro, gasolina, aceite caliente, alcohol, fertilizantes y otros agentes corrosivos o inflamables. Esta legislación reconoce dichos ataques como una manifestación extrema de violencia hacia las mujeres.

El propósito principal de esta ley es modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal en los estados mexicanos para clasificar la violencia ácida como tentativa de feminicidio. Asimismo, busca que las instituciones encargadas de proteger los derechos y la seguridad de mujeres e infantes reconozcan la gravedad de estas agresiones y aseguren una respuesta judicial eficaz. Esto incluye desincentivar estos crímenes, y brindar justicia a las víctimas.

Adicionalmente, la ley promueve la reparación integral del daño, sentencias condenatorias ejemplares, medidas de protección adecuadas y la restitución de la dignidad de las personas sobrevivientes, asegurando una atención completa y sensible a sus necesidades.

¿Qué es la violencia ácida?

Según el Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas, es esencial que las leyes definan los ataques con ácido como cualquier forma de violencia que implique el uso de esta sustancia como medio de agresión.

La ONU identifica como principales causas de estos actos violentos la dote, el rechazo de propuestas de matrimonio, amorosas o sexuales, así como disputas relacionadas con la propiedad de tierras. Aunque este tipo de ataques se concentra principalmente en el sur de Asia, también se han registrado en regiones como América Latina, África y Europa.

Dado que las motivaciones detrás de estos actos son variadas, las leyes deben adoptar una definición amplia que se enfoque en la naturaleza del delito, independientemente de los motivos específicos que lo impulsen.

Entre las recomendaciones clave de la ONU se encuentran:

• Tipificar los ataques con ácido como un delito específico.
• Prohibir la venta de ácidos sin licencia.
• Regular estrictamente la comercialización de cualquier tipo de ácido.
• Exigir al personal médico reportar a las autoridades todos los casos de lesiones causadas por ácido.

Para las mujeres sobrevivientes de estos ataques el camino hacia la recuperación incluye no solo procesos físicos, psicológicos y psiquiátricos, sino también enfrentar violencia institucional.

El manual de la ONU subraya la importancia de combatir la impunidad, recomendando sancionar tanto a los perpetradores de los ataques como a quienes comercialicen ácidos de manera ilegal. En este sentido, la Ley de prevención de los delitos con ácido y la Ley de control de los ácidos de Bangladesh sirven como ejemplos al establecer castigos para ambas situaciones.

¿Cómo tipifica la Ley Malena los ataques con ácido?

La Ley Malena considera los ataques con ácido como feminicidio o tentativa de feminicidio, ya que reflejan la intención del agresor de infligir un daño irreparable a la víctima. Esta clasificación reconoce que estas agresiones no solo lesionan la integridad física, sino que también impactan profundamente en la dignidad, la salud mental y la vida social de las mujeres.

La legislación establece sanciones de prisión que oscilan entre 8 y 12 años para quienes perpetren este tipo de ataques. En situaciones donde se comprueba que el agresor actuó con la intención de causar la muerte, el acto se tipifica como tentativa de feminicidio, con penas que pueden llegar hasta 40 años de prisión.

¿Cómo se ha desarrollado el proceso legislativo para la aprobación de la Ley Malena?

El proceso para aprobar la Ley Malena ha requerido la presentación de iniciativas en varios congresos locales de México, lideradas por colectivos feministas y mujeres sobrevivientes de ataques con ácido. Diferentes estados han trabajado en ajustar sus legislaciones locales para incluir las disposiciones de esta ley, aunque el avance ha sido desigual. En algunos lugares, se han enfrentado a obstáculos y retrasos en su implementación.

Hasta enero de 2025, la Ley Malena ha sido aprobada en 13 estados y se espera que próximamente sea debatida en otros. Puebla fue el primer estado en adoptarla, seguido de Oaxaca, Ciudad de México, Baja California, Guerrero, Colima, Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León y Sinaloa. Durante este año, se prevé que la iniciativa sea discutida y sometida a votación en Morelos, Baja California Sur, Durango y Zacatecas.

¿Qué antecedentes legales existían antes de la promulgación de la Ley Malena en los diferentes estados mexicanos?

Antes de la aprobación de la Ley Malena, los ataques con ácido se procesaban bajo figuras penales genéricas, lo que resultaba en sanciones que no correspondían a la gravedad del delito. Esto dejaba a las víctimas en situación de vulnerabilidad, ya que no recibían apoyo adecuado del Estado, mientras que los agresores aprovechaban este vacío legal para evitar el castigo. Además, las sobrevivientes no contaban con una reparación del daño proporcional a las agresiones sufridas, ni con acceso a cirugías reconstructivas o atención médica especializada.

En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ya incluía diversas formas de violencia hacia las mujeres, pero no abordaba de manera específica las agresiones con sustancias químicas. Aunque en 2022 esta normativa fue modificada para incluirla, no llegó a tipificarse como violencia ácida.

¿Qué otros países han adoptado legislaciones similares a la Ley Malena?

En 2002, el gobierno de Bangladesh aprobó la Ley de Control del Ácido y la Ley de Prevención de los Crímenes con Ácido, dirigidas a combatir los ataques con ácido y regular el acceso a esta sustancia. Estas leyes establecieron medidas como la creación de un fondo nacional para el control del ácido, centros de rehabilitación y asistencia legal para las víctimas y tratamientos especializados. También incluyeron la clausura y regulación de locales de venta de ácido, penas severas para los perpetradores, como la pena capital y multas significativas y procedimientos especiales en tribunales para acelerar los juicios, incluso sin la presencia del acusado, otorgando amplias facultades a los jueces para recoger testimonios en cualquier lugar.

En Pakistán, en diciembre de 2011, el Senado aprobó la Ley de Control de Ácidos y Prevención de Crímenes con Ácido (Enmienda), marcando la primera vez que se proporcionaron directrices claras sobre cómo el Estado debía sancionar a los responsables y brindar apoyo a las víctimas de este acto de violencia.

En respuesta a los ataques con ácido en Camboya, el gobierno aprobó una ley en 2012 destinada a regular la venta y el uso de productos químicos. La ley contempla penas más severas para los responsables, quienes, en su mayoría, podrían ser condenados a cadena perpetua. Asimismo, incluía la creación de un centro médico estatal, la mejora de la atención médica y el fortalecimiento de los programas de integración social para las víctimas.

En América Latina, Colombia adoptó la Ley 1639 de 2013, que tipifica los ataques con ácido como delitos específicos y establece penas de hasta 50 años de prisión para quienes cometan estos actos.

¿Qué desafíos persisten en la lucha contra la violencia ácida?

En el ámbito cultural, persisten narrativas que tienden a justificar o minimizar los ataques con ácido. Las sobrevivientes son con frecuencia estigmatizadas por sus comunidades, donde se les responsabiliza de manera indirecta por los ataques.

Esta normalización no solo perpetúa la violencia, sino que también desincentiva a las mujeres a denunciar y buscar justicia, ya que muchas no encuentran el apoyo necesario. Además, los medios de comunicación a veces contribuyen al problema al tratar estos casos de forma sensacionalista o culpabilizando a las víctimas, exacerbando su estigmatización.

Existen retos significativos en esta lucha, como la carencia de estadísticas confiables sobre la frecuencia de estos ataques, la necesidad de atención médica y psicológica especializada para las sobrevivientes y la prevalencia de la impunidad en muchos casos. También son esenciales las campañas de sensibilización y prevención.

Además, la aplicación de las leyes enfrenta obstáculos como la falta de capacitación de los médicos para elaborar informes médico-legales adecuados y la ausencia de regulaciones que limiten la venta de ácido, fácilmente accesible por su uso como producto de limpieza.