UNFPA reconoce a la FMC mientras Cuba enfrenta cifras alarmantes de feminicidios

Mientras los registros independientes documentan al menos 35 feminicidios en Cuba durante 2026, el UNFPA respaldó públicamente a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en la reinauguración de la Consejería Nacional en La Habana, presentada como un espacio de atención a sobrevivientes de violencia de género y sus familias.

En redes sociales, la oficina cubana del Fondo de Población de las Naciones Unidas afirmó: “Fortalecer los espacios de protección y respuesta a la violencia de género en Cuba es una prioridad”.

La reapertura fue presentada como parte del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM), una política estatal que el régimen cubano promueve como eje de protección y promoción de derechos. Sin embargo, el acto ocurre en un país donde no hay refugios para mujeres en riesgo, no funciona una línea de ayuda efectiva, la policía no está capacitada en violencia contra las mujeres y las organizaciones independientes que documentan feminicidios continúan siendo criminalizadas.

La FMC y el contraste con los feminicidios

La FMC recibió respaldo público durante el acto por parte de autoridades nacionales y representantes del sistema de Naciones Unidas. Según el reporte del Noticiero de la Televisión Cubana, Paula Narváez, directora regional de UNFPA, valoró el Programa para el Adelanto de las Mujeres y señaló que este “ocurre en un escenario de contingencia que impacta en la vida cotidiana de las mujeres cubanas”.

Como parte de ese reconocimiento, UNFPA Cuba afirmó: “La articulación entre el Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional es el camino para construir respuestas sostenibles que protejan la vida de las mujeres y las niñas”.

La ONU con esta declaración reconoce a una organización paraestatal, oficialista y subordinada ideológica y políticamente al PCC, como una organización de la sociedad civil. Mientras tanto, organizaciones independientes, observatorios de género y colectivos feministas autónomos como OGAT o Yo Sí Te Creo en Cuba continúan siendo excluidos de estos espacios de diálogo e interacción con organismos internacionales.

Ese escenario, sin embargo, no solo implica sobrecarga de cuidados o pérdida de autonomía económica. También incluye feminicidios, y otras violencias contra mujeres y niñas, ausencia de refugios públicos, falta de protocolos de búsqueda y protección, y una institucionalidad que no publica cifras oficiales completas, y en tiempo real sobre estos crímenes (las estadísticas del Observatorio de Igualdad solo analiza datos de los casos judicializados). En Cuba, los datos verificables en tiempo real dependen casi exclusivamente de observatorios independientes.

OGAT: 35 feminicidios hasta mediados de junio de 2026

Además de los 35 feminicidios contabilizados por OGAT, se han documentado 19 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contexto de violencia feminicida. El observatorio también mantiene bajo investigación otros posibles casos reportados entre 2025 y 2026.

Las cifras independientes contrastan con el discurso oficialista sobre protección. Según ha subrayado OGAT: «la FMC no publica un registro transparente de feminicidios, ni realiza denuncias en tiempo real, ni ofrece de manera recurrente y sistemática información sobre casos, territorios, agresores, antecedentes de violencia o posibles fallos institucionales previos. Esa ausencia impide medir el alcance real del problema y limita la posibilidad de evaluar las políticas públicas».

Fondos de Canadá y falta de rendición pública

El proyecto encabezado por la FMC cuenta con financiamiento del Gobierno de Canadá y apoyo de la Embajada de Canadá en La Habana. La iniciativa, prevista por cinco años, tiene una contribución máxima de 3 millones de dólares canadienses.

Aunque el financiamiento fue anunciado como apoyo estratégico para reducir el impacto de la violencia sexual y de género, no existe información pública suficiente para evaluar de forma independiente cuánto y cómo se ha ejecutado. Tampoco se conocen con claridad los resultados concretos alcanzados ni los mecanismos usados para medir la eficacia de los servicios coordinados por instituciones estatales.

Sin datos públicos no hay protección verificable

La violencia contra las mujeres y las niñas no puede abordarse solo mediante actos institucionales o reconocimientos públicos. La protección efectiva exige estadísticas accesibles, protocolos claros, evaluación de impacto, refugios, servicios sujetos a supervisión independiente y garantías para denunciar sin miedo. También requiere que los fondos internacionales destinados a programas de atención sean auditables y estén sujetos a control público.

Este acto de respaldo contrasta con el aumento de la violencia documentada por organizaciones independientes. Mientras la FMC recibe reconocimiento y financiamiento, las familias de las víctimas siguen sin una respuesta estatal transparente y las mujeres en riesgo continúan dependiendo de redes informales, denuncias comunitarias y observatorios independientes. Muchos de esos esfuerzos trabajan, además, bajo restricciones impuestas por el propio régimen.