¿Qué son los refugios para mujeres víctimas de violencia y por qué son necesarios?

Los refugios son espacios destinados a proteger a mujeres que enfrentan situaciones de violencia y necesitan alejarse del riesgo. Su función no se limita a ofrecer alojamiento: representan una herramienta de protección, acompañamiento y recuperación de autonomía.

El “Estudio regional sobre los refugios para las mujeres víctimas de la violencia de género en América Latina”, publicado en 2022 por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la OEA, define los refugios como “un espacio físico en donde se brinda protección y atención especializada o interdisciplinaria a mujeres, hijas e hijos en situación de riesgo como consecuencia de sufrir Violencia de Género”.

Estos espacios pueden recibir distintos nombres según el país: albergues, casas de acogida, casas seguras, centros de apoyo o centros de atención integral. Aunque pueden tener diferentes modelos de organización, cobertura y capacidad, el informe señala que todos deben garantizar la protección de las mujeres y permitirles superar las consecuencias de la violencia.

Según el MESECVI, los refugios deben centrarse en las víctimas y en sus derechos humanos. Su objetivo no es únicamente alejarlas del agresor, sino ofrecer condiciones para recuperar su autonomía, evitar la revictimización y reconstruir sus proyectos de vida.

Un servicio que debe garantizar el Estado

El informe regional recuerda que la creación y funcionamiento de refugios forma parte de las obligaciones de los Estados frente a la violencia contra las mujeres. Estos espacios deben estar acompañados por servicios especializados, como atención psicológica, apoyo jurídico, asistencia social y acompañamiento para acceder a otros derechos.

El Comité de Expertas del MESECVI ha insistido en la necesidad de que los Estados establezcan servicios gratuitos para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos, incluyendo refugios, casas de acogida y centros de atención integral.

La importancia de estos espacios también ha sido reconocida en otros instrumentos internacionales. La Plataforma de Acción de Beijing, adoptada en 1995 durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, estableció compromisos para que los Estados proporcionaran refugios financiados y servicios de apoyo para mujeres y niñas víctimas de violencia.

Cuba participó en esa conferencia y asumió el compromiso de implementar la Plataforma de Acción de Beijing.

De iniciativas de mujeres a responsabilidades estatales

El primer refugio de América Latina fue creado en Brasil en 1964: el Lar Espírita Esperidião Prado, en Rio Claro. Sin embargo, fue a partir de la década de 1990 cuando estos espacios comenzaron a expandirse en otros países de la región.

En sus orígenes, muchos refugios fueron impulsados por organizaciones de mujeres que respondieron ante la falta de políticas públicas específicas. Con el paso de los años, los Estados fueron asumiendo progresivamente la responsabilidad de garantizar estos servicios.

El estudio del MESECVI analizó 16 países de América Latina e identificó 568 refugios. El informe señala que no todos funcionan bajo el mismo modelo: algunos son gestionados por los gobiernos, otros por organizaciones privadas y otros mediante sistemas mixtos.

En varios países de América Latina, los refugios para mujeres víctimas de violencia forman parte de marcos legales y políticas públicas de protección. En Argentina, la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres establece obligaciones estatales de asistencia y protección; en Brasil, la Ley Maria da Penha (Ley 11.340/2006) creó mecanismos de prevención y atención que incluyen servicios de acogida para mujeres en riesgo; en Chile, las casas de acogida funcionan como parte de los programas de protección desarrollados por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG) dentro de la respuesta estatal frente a la violencia; y en Paraguay, la Ley 5777/2016 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia establece medidas de atención y protección para las víctimas. Estos modelos muestran que, en buena parte de la región, los refugios han sido incorporados como una responsabilidad pública dentro de las políticas contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.

Más que un lugar donde permanecer

El valor de un refugio no está únicamente en proporcionar un espacio físico. Para una mujer que enfrenta violencia, puede representar la posibilidad de proteger su vida y comenzar un proceso de recuperación.

El informe advierte que soluciones temporales que en algunos países se emplean, como alojamientos en hoteles o pensiones, pueden responder a emergencias, pero no sustituyen a los refugios cuando carecen de atención integral y especializada.

Un refugio debe ofrecer algo más que seguridad inmediata: debe permitir que las mujeres accedan a apoyo psicológico, orientación legal, herramientas económicas y redes que faciliten una vida independiente.

La ausencia de refugios en Cuba

A pesar de los compromisos internacionales asumidos por Cuba y de las demandas sostenidas de organizaciones de la sociedad civil, como la campaña #PorRefugiosEnCubaYa impulsada en 2020 por Yo Sí Te Creo en Cuba, la Isla no cuenta con una red pública de refugios para enfrentar la violencia hacia las mujeres y las niñas.

Esta ausencia ocurre en un contexto marcado por una profunda crisis habitacional, bajos ingresos, dificultades para acceder a alquileres, debilitamiento de redes de apoyo y una crisis humanitaria que limita las alternativas disponibles para quienes necesitan abandonar un entorno violento.

A ello se suma la falta de voluntad política para desarrollar mecanismos estatales de protección y la criminalización de sectores de la sociedad civil independiente que han intentado acompañar a víctimas y promover redes de apoyo.

Los refugios no son un recurso secundario. Constituyen una respuesta esencial para garantizar que una mujer que decide salir de la violencia tenga un lugar seguro al que acudir y pueda reconstruir su vida con protección y acompañamiento.