Irlanda aprobó la creación de un registro público de condenas por violencia doméstica que podrá consultarse por internet y permitirá acceder a determinados antecedentes graves de parejas y exparejas. La medida pretende evitar que condenas previas por violencia permanezcan desconocidas para personas que podrían encontrarse en una situación de riesgo.
La Domestic Violence Judgments Register Act 2026, conocida como “Jennie’s Law”, fue aprobada por el Parlamento irlandés y promulgada el 21 de julio. La ley lleva el nombre de Jennifer Poole, una mujer de 24 años y madre de dos hijos asesinada en abril de 2021 en Finglas, Dublín, por su expareja, Gavin Murphy. El hombre había cumplido prisión por agredir anteriormente a otra expareja, un antecedente que Jennifer desconocía. Después del asesinato, su hermano Jason Poole inició una campaña para facilitar el acceso a esta información.
Un registro para consultar condenas por violencia de pareja
El nuevo registro será administrado por el Courts Service de Irlanda e incluirá determinadas condenas por delitos graves cometidos contra parejas o exparejas. Entre ellos figuran asesinato, violación, agresión sexual, acoso y control coercitivo. La incorporación de una condena no será automática: deberá determinarla un tribunal y, cuando la víctima esté viva, será necesario su consentimiento.
El sistema no incluirá automáticamente cualquier denuncia ni todas las condenas y tampoco sustituirá la evaluación individual de cada situación. Durante la tramitación de la ley se debatió precisamente su alcance y la exclusión de determinados procedimientos menos graves. Aun así, supone un cambio: algunas condenas por violencia de pareja podrán ser consultadas públicamente, sin que una posible víctima tenga que localizar por sus propios medios antiguos expedientes judiciales.
Irlanda se suma así a otros modelos de acceso a información sobre antecedentes de violencia. En Tennessee, Estados Unidos, funciona desde enero de 2026 un registro público de agresores reincidentes por violencia doméstica, creado mediante “Savanna’s Law”.
Inglaterra y Gales utilizan un mecanismo diferente desde 2014. La “Clare’s Law” contempla el “derecho a preguntar” y el “derecho a saber”, mediante los cuales una persona puede solicitar a la policía información sobre antecedentes violentos de su pareja y las autoridades pueden advertirle cuando identifican un riesgo. Sistemas similares funcionan en varias provincias de Canadá y en Nueva Zelanda. En Perú existe un registro reservado de víctimas y personas agresoras destinado a las instituciones encargadas de atender estos casos.
Cuba: sin acceso a antecedentes ni una red pública de refugios
En Cuba no existe un mecanismo mediante el cual una mujer pueda solicitar a las autoridades información sobre los antecedentes de violencia de una pareja ni consultar un registro público equivalente al aprobado en Irlanda. En 2021, el Gobierno adoptó una estrategia para prevenir y atender la violencia de género y familiar, pero cinco años después no existe un sistema de alerta que permita conocer los antecedentes violentos de parejas o exparejas.
La falta de mecanismos de protección alcanza también a los refugios. Cuba continúa sin una red pública de refugios o casas de acogida para mujeres y niñas en riesgo, según ha documentado OGAT. La propia prensa oficial ha reconocido la falta de estos espacios como uno de los obstáculos que enfrentan las víctimas para abandonar situaciones de violencia.
Tampoco existe una ley integral contra la violencia de género, una demanda sostenida durante años por organizaciones feministas independientes y organismos de derechos humanos. Además, el feminicidio no está tipificado como delito autónomo.
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