Yanelys Núñez ante el Parlamento Vasco: “Las cubanas están expuestas a un Estado que no garantiza su derecho a la vida”

La activista cubana Yanelys Núñez, coordinadora del Observatorio de Alas Tensas (OGAT), intervino este 25 de marzo ante la Comisión de Igualdad y Cooperación al Desarrollo del Parlamento Vasco, en Vitoria, España. En la sesión y como parte de la delegación cubana, participaron además Amelia Calzadilla, de Ciudadanía y Libertad, y Yordanka López, de la Asociación Cubano-Vasca Demokrazia Kubarentzat.

Durante su intervención, centrada en la situación de las mujeres en Cuba desde la perspectiva de los derechos humanos, Núñez alertó sobre el agravamiento de las condiciones de vida en la isla y señaló la falta de voluntad política del Estado para enfrentar la violencia hacia las mujeres y las niñas. “Las cubanas están expuestas a un Estado que no garantiza su derecho a la vida”, afirmó.

Reacciones de los grupos parlamentarios

El encuentro contó con la presencia de representantes de distintos grupos políticos, que manifestaron preocupación por la crisis en Cuba. No obstante, EH Bildu centró sus intervenciones en el embargo estadounidense, en un enfoque que deja en segundo plano la responsabilidad interna del régimen.

La comparecencia, que fue posible gracias a la labor de la Asociación Demokrazia Kubarentzat, puso sobre la mesa la necesidad de mayor presión internacional y de acompañamiento a la sociedad civil cubana en su lucha por un cambio democrático para la isla.

A continuación, compartimos la intervención de Yanelys Núñez, de forma íntegra:

En esta ponencia me gustaría actualizarles sobre el contexto político y social cubano, la crisis humanitaria que afecta a mi país y la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres y las niñas cubanas, expuestas a un Estado que no tiene voluntad política para garantizar sus libertades ni velar por principios fundamentales como el derecho a la participación en la vida política de su país y, ante todo, el derecho a la vida.

Desde 2019, el Observatorio de Alas Tensas (OGAT) documenta, denuncia y analiza de forma independiente los feminicidios y otras violencias contra mujeres y niñas en Cuba. Este trabajo se realiza en un contexto particularmente adverso, marcado por la ausencia de estadísticas oficiales periódicas que puedan someterse a mecanismos de auditoría y control independiente, así como por la imposibilidad de acceder a registros médicos y policiales y la criminalización del activismo independiente.

Para sostener este monitoreo, OGAT se apoya en una red de observadoras en el terreno, medios independientes, organizaciones de la sociedad civil, redes sociales y reportes ciudadanos. Su metodología, basada en referentes como el Ministerio de Igualdad de España y el Mapa Latinoamericano de Feminicidios, prioriza un enfoque pedagógico y preventivo, orientado a generar evidencia, sensibilización y propuestas de política pública.
A lo largo de estos años, el Observatorio junto a otra plataforma de monitoreo, Yo sí te creo en Cuba, han documentado una situación preocupante de los feminicidios en el país. Las cifras verificadas muestran 16 feminicidios en 2019, 33 en 2020, 36 en 2021, 36 en 2022, un pico de 90 en 2023, 56 en 2024, 48 en 2025 y 12 en lo que va de 2026. En total, ambos observatorios han documentado 327 feminicidios entre 2019 y 2026 y estos datos son solo un subregistro. 

El informe anual correspondiente a 2025, con 48 feminicidios verificados, confirma patrones estructurales persistentes. El feminicidio de pareja o expareja se mantiene como la forma dominante, representando el 83,3 % de los casos, y en más del 90 % el agresor tenía un vínculo previo con la víctima. El hogar continúa siendo el principal escenario del crimen, con un 62,5 %, y el uso de arma blanca predomina en el 64,6 % de los casos. Además, en dos tercios de los feminicidios se identificaron agravantes de especial crueldad, lo que refleja altos niveles de violencia y ensañamiento.
Un elemento particularmente grave es el impacto sobre las familias. En el 60,4 % de los casos, las víctimas tenían personas dependientes a su cargo, fundamentalmente hijas e hijos menores de edad, lo que genera situaciones de orfandad y desprotección sin políticas estatales de reparación. Solo en el 18,8 % de los casos se pudo confirmar la existencia de denuncias previas, mientras que en más de la mitad no fue posible determinar este dato. 
Frente a este panorama y en el plano institucional, en Cuba persisten graves carencias. El estado no cuenta con una ley integral contra la violencia de género, – se ha negado en dos ocaciones a incluir su discusión en el actual cronograma legislativo tras sendas solicitudes formales de la sociedad civil-. Tampoco hay una red de refugios para víctimas, ni protocolos claros y accesibles de protección. El feminicidio no está tipificado en el actual código penal, y esa negativa tuvo apoyo expreso de la Federación de Mujeres Cubanas, única organización de mujeres permitida en Cuba y totalmente afín al aparato ideológico del estado. 

Asimismo, la invisibilización de las desapariciones de mujeres y niñas y la ausencia de protocolos de búsqueda colocan a las familias en una situación de extrema vulnerabilidad.

Este fenómeno no puede analizarse al margen del contexto general del país. Cuba atraviesa una crisis multidimensional que afecta la vida cotidiana: apagones prolongados, escasez de agua, alimentos y medicamentos, deterioro del sistema de salud, crisis habitacional y un éxodo masivo. 
En este último aspecto, resulta necesario hacer un aparte por su impacto en el desarrollo del país, que cuenta con un 25,7 % de su población por encima de los 60 años al cierre de 2024, lo que lo convierte en el país más envejecido de América Latina, con una previsión del 36,4 % para el cierre de 2025.

Este éxodo ha sido no solo una válvula de escape generada por el propio régimen tras las protestas del 11 de julio de 2021, conocidas como el 11j—facilitada, entre otros factores, por la eliminación del visado a los cubanos hacia Nicaragua—, sino también una respuesta ciudadana de su propio descontento ante la falta de soluciones institucionales.  La ciudadanía que ha podido irse, atravesando volcanes, selvas, y océanos, no lo ha hecho por cuestiones económicas, ha sido también, ante todo, por la represión desatada tras las protestas del 11J. 
Conviene recordar las palabras del presidente designado, Miguel Díaz-Canel, ese día: 

“La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios». Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas a que salgan en las calles en cualquiera de los lugares donde se van a producir estas provocaciones, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarlas con decisión, firmeza y valentía”. 

Estas declaraciones marcaron un punto de inflexión, al interpretarse como una legitimación de la actuación de fuerzas afines al régimen para amedrentar con impunidad, así como golpear, arrestar y ejercer violencia contra manifestantes desarmados. Actualmente, y tras el estallido del 11J, más de mil personas, entre ellas un centenar de mujeres se encuentran encarceladas por razones políticas en Cuba. 

OGAT ha dado seguimiento a la situación de numerosas mujeres presas políticas, muchas de ellas madres, que enfrentan condiciones de encarcelamiento marcadas por la falta de atención médica, mala alimentación, violencia obstétrica, negación de beneficios penitenciarios, incomunicación, malos tratos, y separación forzada de sus hijos. Pero la violencia no se limita a las personas encarceladas. Sus familias —madres, padres, esposas, hijas— son también víctimas de arrestos arbitrarios, amenazas, intimidación, vigilancia y prohibiciones de reunirse y organizarse en torno a demandas como una amnistía nacional.

El recrudecimiento del cierre del espacio cívico no se reduce a la situación de las personas encarceladas por razones políticas, un número que no ha dejado de aumentar, en un contexto donde las pintadas contra el régimen, los cacerolazos y otras manifestaciones de descontento no han cesado en estos años. También se expresa en la actualización sistemática de las medidas represivas del Estado contra la ciudadanía.
Por ejemplo, el incremento abrupto en mayo de 2025 de las tarifas de acceso a Internet impuesto por ETECSA —conocido como el Tarifazo— reforzó los mecanismos de control estatal. La medida profundizó la brecha digital y restringió de manera significativa el acceso a la información, a la educación y a la comunicación, reconocidos por los estándares internacionales. 

A pesar de que el Estado cubano ha exportado durante más de seis décadas el relato de que las mujeres en Cuba viven con todos sus derechos garantizados, la realidad documentada por Alas Tensas demuestra lo contrario. Problemas estructurales como el racismo han sido sistemáticamente silenciados —el propio Estado niega su carácter estructural—, y hasta fechas recientes se ha negado incluso la existencia del feminicidio. No es menor recordar que, en 2015, Mariela Castro, hija de Raúl Castro, afirmó en una entrevista que “la revolución había erradicado los feminicidios”. 

Frente a las crecientes denuncias, el régimen ha intentado proyectar una imagen de respuesta mediante acciones institucionales puntuales, como la inauguración en noviembre de 2025 de una “oficina especializada para la atención jurídica integral a víctimas de violencia de género”. Esta iniciativa —gestionada por la Organización Nacional de Bufetes Colectivos— tendría como función el asesoramiento jurídico especializado y la orientación metodológica a profesionales del derecho.

Sin embargo, estas acciones, aunque responden a la presión sostenida de la sociedad civil, no incorporan el trabajo ni la experiencia acumulada por las organizaciones independientes. Más bien, se presentan como respuestas institucionales orientadas a cumplir compromisos internacionales que facilitan el acceso a fondos de cooperación, sin garantizar transparencia ni resultados verificables.

La realidad que enfrentan las mujeres cubanas está marcada por una profunda crisis humanitaria, el colapso económico, el deterioro del sistema de salud y de las instituciones de asistencia social, la crisis habitacional y el aumento de la pobreza, en un escenario donde sobre ellas recae de manera desproporcionada la carga de los cuidados.

En este contexto, la represión y la criminalización de la sociedad civil limitan gravemente la capacidad de las mujeres para denunciar la violencia y acceder a protección. El propio sistema institucional presenta deficiencias estructurales: el Observatorio oficial no utiliza el término feminicidio ni distingue sus tipologías; los datos disponibles se basan únicamente en casos judicializados y presentan desfases que subestiman la magnitud del problema. Además, los medios oficiales no reportan feminicidios, desapariciones ni otras formas de violencia contra las mujeres.

Ante este escenario, resulta imprescindible que la comunidad internacional, y en particular los representantes políticos democráticos, asuman una posición firme. Es necesario que parlamentarios de todas las sensibilidades políticas dejen de priorizar afinidades ideológicas por encima de los derechos humanos del pueblo cubano y ejerzan presión sobre el Estado cubano para que garantice libertades fundamentales, acceso a la justicia y protección efectiva para las mujeres.

Al mismo tiempo, es fundamental acompañar a la ciudadanía cubana en un proceso de transición democrática y reconstrucción nacional que permita levantar instituciones transparentes, responsables y comprometidas con la vida y la dignidad de las personas.