Informe de OGAT leído en Ginebra (ONU) durante las pre-sesiones del Examen Periódico Universal (EPU)

Contribución para el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal del periodo de sesiones No 41 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Cuba

Violencia contra la mujer y feminicidios

En el Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal EPU (2018) Cuba recibió cinco recomendaciones relacionadas con la violencia de género. De ellas 2 contaron con el apoyo de Cuba y de las otras 3, se tomó nota, con miras a hacer “analizadas acorde a las leyes cubanas”. Sin embargo el Estado continúa sin desarrollar una estrategia global para combatir la discriminación contra la mujer; y no ha dado ningún paso relevante hacia el reconocimiento de la existencia de los feminicidios y la necesidad de combatir la violencia machista desde el Estado.

Nuestra organización, el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), que desde el 2019, registra y analiza estadísticas de feminicidios, ante la ausencia de cifras oficiales, quiere hacer hincapié en que Cuba no se ha adherido, ni ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de T odas las Formas de Discriminación contra la Mujer; que fue una de las recomendaciones (24.29) del pasado EPU.

Además, en 2022 la Asamblea Nacional del Poder Popular rechazó de forma pública, y con el apoyo de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la petición de incluir el término ‘femicidio’ en el artículo 345 del nuevo Código Penal. Aunque la violencia de género constituye por primera vez en dicho texto, una circunstancia o cualificación agravante para diferentes delitos, la tipificación del feminicidio habría supuesto el reconocimiento de la existencia de este tipo de crímenes y por tanto un paso importante en la lucha por su erradicación.

Pese a que desde 2021 se han elaborado diferentes documentos oficiales sobre violencia de género, entre los que destacan la Estrategia Integral de Prevención y atención a la Violencia de Género y a la violencia en el Escenario Familiar, que es un acuerdo del Consejo de Ministros, único documento que menciona el término ‘femicidio’, y el nuevo Código de las Familias, que permite el matrimonio igualitario, la adopción por parejas del mismo sexo y la “gestación solidaria”; OGAT insiste en que estas legislaciones no se han traducido en la creación de protocolos integrales efectivos de prevención y atención a las personas afectadas por la violencia de género; en la fundación de refugios y de un sistema de rescate para mujeres y sus hijes en peligro, así como en la discusión y creación de una Ley Integral contra la Violencia de Género.

OGAT ha subregistrado, en coalición con el observatorio de YSTCC, un total de 173 feminicidios desde 2019 hasta la fecha (con un repunte importante en 2023 de 55 casos). De ellos 142 fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas. Destacamos el caso de la joven de 17 años, Leidy Bacallao Santana, quien fue asesinada por su expareja, de 49 años, y con antecedentes de violencia de machista, el 4 de febrero de 2023, en la provincia de Camagüey . El hecho violento tuvo como agravante, que la agresión ocurrió en la estación de policía de Camalote, Nuevitas, donde Leidy había ido a refugiarse. La emisora local oficial Cadena Agramonte confirmó el asesinato, llamándolo «lamentable hecho», en vez de feminicidio.

La evidencia de la no implementación de un plan educativo de género transversal a todas las instituciones del Estado; no sólo se expresa en este tipo de comunicaciones de prensa, sino también en iniciativas como el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género, que lidera la FMC, en el que se excluye el uso de los términos feminicidio/femicidio de su metodología.

Por otro lado, persiste la discriminación por orientación sexual e identidad de género, a pesar de los avances en materia legislativa. Aún hay casos de violencia policial hacia mujeres lesbianas afrodescendientes, así como casos de discriminación hacia personas trans. Actos que aún no se encuentran estipulados como discriminación dentro del Código de Trabajo de la isla. Además el derecho de las personas trans a la autodeterminación tampoco se halla dentro de ninguna legislación.

La vulneración de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+ se manifiesta además en la discriminación por razones políticas. Este tipo de violencia mantiene privadas de libertad a 137 mujeres, por ejercer su libertad de expresión. Una ellas, Brenda Díaz, mujer transgénero, fue rapada y recluida en una prisión para hombres, en la provincia de Mayabeque, sólo por participar de las manifestaciones pacíficas del 11 de julio de 2021. Actualmente se encuentra cumpliendo una condena de 14 años. Con base en las recomendaciones no implementadas por el Estado Cubano, OGAT brinda las siguientes recomendaciones:

● Incorporar el feminicidio como delito en el Código Penal.

● Cumplir las recomendaciones dadas en el tercer ciclo del EPU.

● Aprobar una Ley Integral contra la Violencia de Género en Cuba, que se elabore con la participación del activismo feminista.

● Crear una red de refugios para mujeres víctimas de violencia machista con todas las garantías de seguridad y personal cualificado para atender estos casos, como forma de salvaguardar la vida.

● Elaborar y aplicar los mecanismos para declarar el Estado de Emergencia, para cuando sea necesario contener el aumento de casos de violencia género en el país.

● Establecer de inmediato y sin condicionamientos el derecho de reunión, asociación, y manifestación no solo para las mujeres que luchan contra la violencia de género y las asociaciones feministas cubanas que son criminalizadas, sino para todos los ciudadanos cubanos.

● Garantizar con mecanismos efectivos el acceso al empleo, la salud, la educación y la justicia de las personas trans, mujeres afrodescendientes, de zonas rurales y personas con discapacidad.

Este es un resumen del Informe del OGAT, leído en las pre-sesiones del Examen Periódico Universal (EPU). Encuentre aquí el Informe completo.