Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), asistió el pasado 11 de noviembre al 191 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la intervención titulada «Violencia feminicida en mujeres adultas mayores». Esta intervención forma parte de un informe mayor, resultado de la colaboración de organizaciones de la sociedad civil (Food Monitor Program, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos) que se encuentran preocupadas por los derechos y la situación de vulnerabilidad de las personas mayores en Cuba, en medio de un contexto de inseguridad energética, hídrica y alimentaria y de crisis política.
Pueden leer la intervención de Ileana Álvarez a continuación y escuchar la presentación completa en el canal de Youtube de Alas Tensas.
«Violencia feminicida en mujeres adultas mayores»
La violencia de género y, en particular, el feminicidio en mujeres mayores de 60 años es un drama invisible y ocultado por el Estado cubano, con consecuencias devastadoras para las víctimas sobrevivientes, que muchas veces sufren en silencio. Las mujeres adultas mayores son especialmente vulnerables ante la violencia de género, debido a que se encuentran en una situación de mayor riesgo y tienen menos recursos para poner fin a las relaciones violentas.
El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), en los cinco años que lleva registrando feminicidios junto al Observatorio de Feminicidios de Yo Sí Te Creo en Cuba, ha constatado que estos crímenes ocurren en cualquier rango de edad. Aunque el mayor porcentaje se ubica entre los 31 y 45 años, se han registrado víctimas tanto menores de 16 años como mayores de 60. En 2023, cuando se produjo un aumento en el registro de los feminicidios con 89 víctimas contabilizadas, se contaron cuatro casos de mujeres mayores, incluyendo un feminicidio de carácter sexual. En lo que llevamos de 2024, lamentablemente hemos documentado el asesinato de una anciana de 92 años en La Habana, a manos de su yerno, quien era su cuidador.
OGAT ha señalado la necesidad de capacitar y sensibilizar a la policía, jueces, funcionarios y personal de salud pública sobre las cuestiones relativas a la edad y el género, y cómo estos factores afectan de manera desproporcionada a las mujeres mayores. Estas víctimas enfrentan una vulnerabilidad particular, pues muchas han sido sometidas a violencia durante largos periodos, lo que afecta su salud física y mental, presentando un deterioro mayor que otras mujeres de su misma edad. Además, suelen estar más aisladas socialmente y padecer pobreza y falta de recursos, agravada por la crisis que afecta a Cuba y la carencia de políticas públicas que las contemplen.
Es importante considerar que la escasa visibilidad social de las mujeres mayores como víctimas de la violencia contribuye a que no se identifiquen como tales y, por lo tanto, no denuncien su situación ni soliciten ayuda, ni siquiera dentro de sus redes de apoyo. A diferencia de otros grupos de edad, las adultas mayores también reciben violencia machista por parte de hijos y otros familiares, lo que dificulta aún más la denuncia y la solicitud de ayuda que en los casos en que el agresor es la pareja.
Los observatorios se han mantenido revisando además varios casos de matricidio (varios de adultas mayores) ocurridos en el país, sobre todo cometidos por hijos que padecen enfermedades mentales y carecían de la adecuada medicación y asistencia de salud. Sus madres y cuidadoras estuvieron expuestas debido a la violencia estructural y de Estado que ha sido el colapso del sistema de salud pública.
Es alarmante que, en las pocas estadísticas ofrecidas por el régimen, no se brinden datos precisos sobre cómo la violencia de género, y en especial la feminicida, afecta a las mujeres mayores. Esta falta de datos requiere ser visibilizada. Instamos a las instituciones cubanas a abordar de manera específica el feminicidio de mujeres adultas mayores, ya que su vulnerabilidad demanda políticas de prevención interdisciplinarias. Solo desde un análisis detallado de este tipo de feminicidio y los fenómenos relacionados a él se podrá prevenir de manera efectiva este problema.
La Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) proyectó que para 2030 las mujeres serán las principales proveedoras del 52,5% de los hogares cubanos. Este dato agrava el impacto familiar y social de los feminicidios, pues las mujeres cubanas, al asumir un doble rol de cuidadoras y proveedoras, no solo están desprotegidas frente a la violencia feminicida, sino que también lo están las personas que dependen de ellas: principalmente hijos e hijas, pero cada vez más también adultos mayores o personas con discapacidad.
El acelerado envejecimiento de la población cubana mayor de 60 años, ocurre en un contexto de múltiples crisis y mayor desprotección social. Así, este grupo ha visto deteriorarse significativamente sus condiciones de vida. Cuba es un país en el que las mujeres son, cada vez más, las principales proveedoras de los hogares, lo que hace que los feminicidios, estos crímenes de odio, tengan un impacto familiar y social devastador. Sin embargo, no existe una legislación específica para las víctimas de feminicidios ni políticas públicas efectivas que garanticen la reparación de quienes dependían de las mujeres asesinadas, incluyendo a las personas adultas mayores.
Desde 2019 hasta la fecha, los observatorios independientes Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba han documentado 250 feminicidios en la isla, los cuales han dejado al menos 291 personas dependientes que hoy no cuentan con la reparación integral que el Estado debería proporcionarles. Estos datos representan un subregistro, debido al ocultamiento de las estadísticas por parte del régimen y la criminalización del activismo.
Esto subraya la magnitud del impacto social y económico de la violencia feminicida en Cuba, que no solo termina con la vida de las mujeres, sino que también desestabiliza a familias las personas dependientes de las mujeres asesinadas, incluidas madres, abuelas y otras personas mayores y comunidades enteras cada vez más envejecidas.
Precisamente, en el 2024, OGAT participó junto a un grupo de periodistas en la investigación de Casa Palanca, centrada en estas víctimas no mortales de los feminicidios, donde se aborda este contexto. Uno de los principales hallazgos fue que, en la práctica, los apoyos que reciben las personas dependientes son principalmente pensiones, pero no por el feminicidio, sino por conceptos como «viudez» u «orfandad». Se trata de un apoyo insuficiente que no cubre las necesidades básicas de estas familias.
La investigación reveló que leyes como el Código de las Familias o la Ley de Seguridad Social no mencionan explícitamente la protección y apoyo económico a los huérfanos y otras personas dependientes de mujeres asesinadas por violencia de género, incluidas las personas mayores que estaban bajo su cuidado.
La Resolución 60/147 de la ONU establece que los Estados tienen la obligación de garantizar una reparación adecuada, efectiva y rápida a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos. A pesar de esta normativa internacional, en Cuba no existe una legislación específica contra la violencia de género.
Instamos a las instituciones cubanas a tener en cuenta que la reparación integral debe incluir no solo compensaciones económicas, sino también acceso a servicios esenciales para la recuperación de las personas afectadas, así como garantías de no repetición mediante reformas legales y políticas efectivas que protejan a las mujeres y a sus familias de la violencia machista.
Las personas mayores que dependían de las víctimas de feminicidios necesitan ser reconocidas en Cuba como víctimas no mortales de la violencia de género para recibir una justa reparación integral.
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