“La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) ha reconocido que ha fracasado en los objetivos de capacitar a la policía para sensibilizarla y especializarla en el tratamiento de casos de violencia de género”.
Leidy Bacallao Santana, una joven cubana de 17 años, fue asesinada por su expareja, Elesván Hidalgo, el 4 de febrero de 2023 en la subestación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en Camalote, municipio Nuevitas, provincia de Camagüey. El agresor la atacó con un machete hasta matarla mientras al menos un policía los observaba después de que ella pidió ayuda por las amenazas que recibió, según testimonios de activistas, familiares y vecinos.
Bacallao había tenido una relación con su agresor desde que ella tenía 13 años. Elesván Hidalgo, casi 40 años mayor que ella, había convivido con la joven en condiciones abusivas, sometiéndola a constantes maltratos y violencia física, pero las autoridades nunca intervinieron para protegerla.
Según un post de Facebook del Doctor en Ciencias Históricas, Julio César González Pagés, conocido por sus vínculos con las instituciones cubanas, la relación entre Leidy y su agresor fue “un infierno” para la joven. Sin embargo, las autoridades locales del Ministerio del Interior (MININT), en una nota publicada el mismo día del crimen, en el medio Radio Cadena Agramonte, minimizaron el suceso llamándolo “lamentable hecho” en lugar de reconocerlo como un feminicidio, y no profundizaron en el contexto de violencia de género que subyace en estos crímenes… porque el crimen de Leidy no es un caso aislado.
“(…) un individuo de 50 años de edad, de pésima conducta social y con múltiples antecedentes penales, ultimó con el empleo de armas blancas a su expareja de 17 años de edad, quien buscaba resguardo en la subestación de la Policía Nacional Revolucionaria de la comunidad.
Como resultado de la respuesta de las fuerzas del orden interior, el autor del suceso resultó lesionado en la región lumbar. Fuerzas del sistema de Investigación Criminal de la provincia continúan la investigación para su total esclarecimiento”, se puede leer en la escueta nota que es la única oficial hasta la fecha sobre el caso.
La reacción, en sentido general, de las autoridades ha sido objeto de severas críticas, incluso por los propios familiares de la víctima. En entrevista con Univisión y tras el juicio contra Elesván Hidalgo efectuada a finales de 2023, el padre de Leidy afirmaba:
“Mi niña estaba dentro de la estación de policía. (…) Instructores y personal de criminalística dijeron que ella había batallado en toda la unidad de policía, intentando salvarse, huyendo, y él le hizo 10 heridas mortales. (…). Los policías lo dejaron matarla (…) Incluso a la niña la dejaron muerta en el suelo. Auxiliaron al asesino, lo metieron para dentro, lo llevaron a la ambulancia, y a la niña la recogieron los muchachos, los amiguitos de ella en una motorina”.
Según el mismo reportaje “en el juicio se demostró cómo el juzgado era amigo de los mismos policías que le permitieron entrar en la estación. Además se supo que era informante del MININT”.
El crimen de esa noche puso de manifiesto la complicidad institucional frente a la violencia de género; la naturalización dentro de la sociedad cubana de las relaciones sexo-afectivas entre adultos y menores de edad, y la impunidad que estimula la continuidad de esos crímenes.
¿Qué dice y hace la FMC?
El “Programa Nacional para el adelanto de las Mujeres” firmado en 2021 por el dictador cubano, Miguel Díaz Canel, busca “promover acciones dirigidas a lograr mayor integralidad y efectividad en la prevención y eliminación de manifestaciones de discriminación contra las mujeres, así como a fortalecer los mecanismos y la capacidad profesional de los funcionarios y servidores públicos para incorporar las cuestiones de género en la elaboración de políticas, programas y en la prestación de servicios”. Para implementar dicho programa de gobierno, se colocó como mecanismo nacional a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), única organización de mujeres permitida en el país.
La FMC ha identificado que 9,579 familias en el país viven en situaciones de violencia, afectando a más de 16,000 mujeres y niñas. Desde el inicio de la pandemia, la organización ha observado un aumento preocupante de la violencia de género y los femicidios. Dania Rodríguez y Omaida Hernández, responsables de Relaciones Internacionales de la FMC, reconocieron en abril de 2024 este incremento de la violencia, señalando la necesidad urgente de intervenir en el sector policial. “En las oficinas de denuncia de la policía se pueden denunciar temas de violencia de género, pero hay que capacitar a los profesionales que allí trabajan y conseguir que haya más mujeres para atender a las víctimas”, indicaron.
Sin embargo, la FMC enfrenta grandes desafíos en la capacitación de la policía cubana para abordar adecuadamente estos casos. Yaneidis Pérez Cruz, miembro del secretariado nacional de la FMC, reconoció recientemente que han fracasado en los objetivos de capacitar a la policía para sensibilizarla y especializarla en el tratamiento de casos de violencia de género. La razón, según Pérez Cruz, es que “es una población que va fluctuando, que se mueve por ascensos en el propio órgano”.
Además, el enfoque policial ante las denuncias de violencia de género presenta serias limitaciones. Rosalba Águila, miembro del comité nacional de la FMC, explicó en un reportaje para el Canal Caribe que “en estos momentos, cuando llegue un caso de violencia de género a la unidad (de policía), no se puede mover la persona hasta que no sea detenido el autor de este caso de violencia de género”. A esto se suma la declaración en septiembre de 2024, de la periodista Talía González, quien afirmó en el mismo canal oficialista que las autoridades no suelen dar seguimiento a los casos de violencia de género “si no hay golpes visibles”.
Desde 2019 (fecha en que comenzaron a registrarse los feminicidios en Cuba de forma sistemática e independiente) hasta la fecha (agosto de 2024), los observatorios de las organizaciones Alas Tensas y Yo Sí te creo en Cuba, han contabilizado 243 feminicidios. De ellos se ha podido comprobar que al menos 35 agresores tenían antecedentes de violencia machista. Las dificultades que plantea la falta de transparencia de los organismos jurídicos, policiales y legales hace que sea casi imposible acceder a cada uno de los historiales de los feminicidas.
Sin embargo frente a este contexto, mediante testimonios de familiares de víctimas, así como reportes periodísticos, sí se han podido identificar casos en los que la indolencia, el pacto patriarcal unido a la falta de preparación de la policía ha conducido al asesinato de varias mujeres cubanas. El Observatorio de Género de Alas Tensas, en su más reciente informe así lo afirma: En 2023 se verificaron 89 feminicidios, entre los que se comprobó que en “12 casos había denuncia previa por violencia machista, y que, de haber actuado la Policía con los debidos protocolos, se hubiera podido evitar el feminicidio”.
Otro caso que da fe de ello es el de Nancy Peña, de 49 años, quien fue asesinada por su expareja el 5 de marzo de 2023 en su domicilio en el Consejo Popular Alcides Pino, provincia de Holguín. El 1 de marzo Nancy había escrito en su perfil de facebook: “me siento amenazada por un hombre, por si me pasa algo, que todo el país lo sepa. Fui a Fiscalía, ciudadanía, policía, y no han detenido al ciudadano. En qué país vivo que no le importa la vida de una ciudadana cubana”.
Cuatro días después de su advertencia, Nancy fue asesinada por ese mismo hombre en su hogar. El agresor la atacó con un arma blanca después de esperar que su hijo saliera de la casa. En el brutal ataque, un vecino que conversaba con Nancy, Chaly Fernández, también resultó herido.
Una amiga de Nancy consultada por el diario Cubanet dijo que esta agresión no era la primera, incluso días antes del asesinato ya había ocurrido otro episodio violento pero el hijo la había podido socorrer a tiempo.
“La policía lo sabía todo, igual que la fiscalía. Ellos lo habían denunciado pero hasta que no te matan, no meten preso al agresor”, informó la amiga de la víctima que prefirió no revelar su identidad.
Aunque en 2023, La Habana, fue el territorio donde los observatorios registraron un mayor número de casos, con 11 feminicidios; Holguín, junto a Granma, se encontró entre las provincias de mayor incidencia, con 8 feminicidios documentados en cada una.
Sobre el caso de Nancy Peña, el Observatorio de Alas Tensas, comentó para este reportaje que “lamentablemente la historia de Peña pone en evidencia la ineficacia de las autoridades cubanas en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. A pesar de las repetidas denuncias que Nancy presentó ante la policía y la fiscalía, las medidas de protección nunca llegaron y esto es algo que los observatorios venimos denunciando desde hace años”.
Unido a esta inmovilidad, OGAT refiere que tampoco existen refugios y sistemas de rescate para mujeres y sus hijos e hijas en peligro, ni una línea telefónica de ayuda específica para esta problemática, ni atención especializada y temprana a agresores.
“Además de criminalizar el trabajo de los observatorios de género, y el activismo independiente, el gobierno no permite la libre organización comunitaria por lo que las redes de apoyo no pueden activarse ni desarrollarse”, concluye OGAT.
Protocolos y normativas vigentes
Aunque en Cuba existen al menos 7 documentos legales donde se mencionan en varios de sus acápites el tema de la violencia de género, la falta de transparencia de las instituciones oficiales impiden el monitoreo del impacto de dichas políticas públicas en la sociedad. Las pocas informaciones que salen a la luz solo evidencian la apuesta del gobierno por un populismo punitivo como única acción encaminada a la lucha contra la violencia de género en el país. “Por solo citar un ejemplo, en 2023 los tribunales cubanos sancionaron a 61 sujetos autores de asesinatos de mujeres. En el 93% de los casos, las sanciones sobrepasaron los 20 años, y cinco cumplen privación perpetua de libertad” según informó Miguel Díaz Canel. Estas cifras superan los 18 casos que recibieron condenas en 2022.
Por otro lado, y específicamente sobre la actuación de la policía, el artículo 155.1 de la Ley 143 “Del Proceso Penal” refiere que la PNR frente al conocimiento de un delito “debe practicar inmediatamente las diligencias indispensables y puede detener al presunto interviniente”.
Entre las diligencias se encuentran “la identificación de los presuntos imputados, la ocupación de los objetos e instrumentos del delito, la inspección del lugar del hecho o la reconstrucción de este, la declaración de los imputados, previa instructiva de cargos, de la víctima o el perjudicado y de los testigos, y cualquier otra acción o diligencia prevista en esta Ley, para la comprobación del delito y la determinación de los intervinientes”.
En casos de violencia de género o familiar, la policía debe “adoptar de inmediato las medidas requeridas para proteger a la víctima”.
Una de las medidas que puede imponer la policía es la prohibición de acercamiento a la víctima (Artículo 368.1). Esta medida “puede ser impuesta individual o de conjunto con una u otras de las medidas cautelares previstas en esta misma Ley”.
Sin embargo, estos protocolos parecen ser más teóricos que prácticos, ya que no hay evidencia de su aplicación efectiva. Un ejemplo de ello es el feminicidio, a manos de su expareja, de Melani García Lorenzo (16 años), sucedido el 15 de diciembre de 2023. El feminicidio ocurrió en la localidad La Palma, en el municipio Arroyo Naranjo. El agresor de Melani, también padre de su hijo, se llama Pedro Julio Serrate Corrales y tiene 22 años.
Yanet Lorenzo Villalba, madre de Melani, relató en una entrevista para Cubanet cómo, desesperada, hizo 22 llamadas a la policía mientras su hija estaba en peligro, pero la ayuda nunca llegó. “Seguí llamando al 106. Me sale la operadora y me dice: sí, el carro ya va para allá. Fueron 22 llamadas las que hice y en ningún momento la patrulla fue”, expresó la madre, visiblemente afectada por la inacción de las autoridades.
Ante la falta de respuesta, Lorenzo Villalba se dirigió a la estación de policía de la Calle Aguilera en La Habana alrededor de las 4:00 AM del 16 de diciembre para realizar una denuncia formal. Sin embargo, un oficial le informó que no podía atenderla de inmediato debido a la acumulación de casos, relacionados con armas blancas y drogas, y que probablemente saldría de allí alrededor de las 9:00 o 10:00 am.
La madre de Melani se trasladó entonces hacia la Unidad de la PNR del Capri, donde le recibieron la denuncia pero también tomó bastante tiempo todo el procedimiento. El cuerpo de Melani fue hallado a las 4:00pm de la tarde de ese día, tras más de 12 horas de búsqueda de auxilio en la policía.
“La habían dejado dentro de la casa, tirada; ya estaba muerta”, relató Lorenzo Villalba. “Medicina Legal dice que ella murió a las 6:00 de la mañana de los golpes”, afirmó.
Consultada sobre las posibles sanciones que podrían aplicar contra estos policías en algún hipotético proceso judicial, la abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, – una organización defensora que los derechos humanos que ofrece asesoría jurídica gratuita a quien la solicita – compartió a esta investigación que la impunidad es la que premia en estos casos; aunque se les podría acusar por ejemplo “de faltar a la debida diligencia, lo que implica que el oficial no actuó de manera eficiente, incumpliendo con sus responsabilidades. En la falta de debida diligencia no hay una intencionalidad pero si hay imprudencia”.
Diversent también explica, que cualquier sanción que se imponga estará sujeta a los resultados de las investigaciones que se hagan, por lo que “si en algún caso se demuestra que la inacción de un oficial de policía fue intencional, esto podría constituir un delito y podría hablarse de autoría”.
Otro posible delito al que podrían estar sujetos es al de prevaricación, que se encuentra recogido en la Sección Sexta, Artículo 178 del Código Penal de la siguiente forma:
“El funcionario público que retarde maliciosamente la tramitación o resolución de un asunto de que conozca o deba conocer u omita injustificadamente el cumplimiento del deber o de un acto que le venga impuesto por razón de su cargo o rehúse hacerlo, incurre en sanción de privación de libertad de seis meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas, o ambas”.
Diversent resalta la falta de control ciudadano sobre las actuaciones policiales, así como la nula rendición de cuentas por parte de las autoridades, lo que provoca que los oficiales se conduzcan con total impunidad. “En casos como el de Leidy Bacallao, el delito de prevaricación podría aplicarse si se demostrara que el policía omitió maliciosamente su deber de proteger a la víctima, aunque probar la intención maliciosa es un desafío”, concluye.
¿Qué hacer?
Ante la falta de preparación de la policía, y la poca información de la ciudadanía sobre cómo enfrentarse a un evento de violencia de género, la activista Marta María Ramírez ha compartido en su investigación “En el último círculo del infierno machista ¿Qué hacer ante la violencia feminicida?” algunas recomendaciones de la plataforma Yo Sí te Creo en Cuba (YSTCC).
Entre las herramientas que recomienda YSTCC ante el riesgo de feminicidio se encuentran: llamar al 106, número de emergencias de la PNR; mantenerse acompañada durante todo el proceso de denuncia, activando redes de apoyo entre familiares, amistades y entorno laboral. Es crucial además, encontrar un refugio seguro que el agresor desconozca y exigir a la Fiscalía Municipal medidas de protección y cautelares para prevenir feminicidios.
¿Denunciar o no denunciar?
Aunque según cifras oficiales de la FMC sólo el 3 % de las mujeres víctimas denuncian en la policía, las mujeres que sí lo hacen se exponen a un patrón de negligencia que podría evitarse con una respuesta policial efectiva.
Esta situación quedó nuevamente en evidencia a inicios de 2024, con el feminicidio de Dailene Fernández Carasa, quien fue asesinada por su pareja en su hogar en Alamar, Habana del Este, La Habana, el 11 de enero. Tras cometer el crimen, el agresor se suicidó.
El caso de Dailene generó indignación, ya que numerosos testimonios ciudadanos denunciaron la “supuesta inacción de una patrulla policial que llegó al lugar (antes del crimen) y no procedió a entrar en el domicilio”, según informó OGAT y YSTCC.
En esa oportunidad ambos observatorios independientes exhortaron a la familia de Dailene “a denunciar en la Fiscalía Militar la actuación de la policía, para el esclarecimiento de los hechos. (…) pues no puede quedar en manos de la ciudadanía la intervención en hechos de este tipo, la cual no tiene la preparación ni la potestad para contener a personas armadas. Eso es función de la policía”, manifestaron.
Los testimonios de familiares de víctimas y los reportes de Alas Tensas y Yo Sí te Creo en Cuba, muestran que, a pesar de las reformas legislativas, las instituciones no están cumpliendo con su deber de proteger a las mujeres de la violencia de género. La inoperancia policial y la falta de recursos y capacitación adecuados siguen siendo obstáculos significativos para prevenir feminicidios en Cuba. Los observatorios creen urgente se implementen protocolos más rigurosos y efectivos, que se tipifique el feminicidio dentro del Código Penal, se legalice el activismo ciudadano, y se considere la creación de una Ley Integral contra la violencia de género que aborde esta problemática desde una perspectiva holística, asegurando las vidas de las mujeres, aunque el contexto de inmovilidad e indolencia institucional no dé razones para el optimismo.
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